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Quieren que “maltratador de mujeres” indague feminicidio

Por Gladis Torres Ruiz

La Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua, en coordinación con el gobierno federal, gestionan la contratación del fiscal del Tribunal Supremo de España Carlos Castresana, como perito externo para investigar los asesinatos en el llamado Campo Algodonero a pesar de estar denunciado por su ex esposa, la periodista Sanjuana Martínez, por violencia familiar.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que se gestiona la contratación de cinco peritos internacionales para dar con los responsables de los asesinatos de tres mujeres y responder así a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, emitida hace dos años.

El 10 de diciembre de 2009 la CoIDH concluyó que los homicidios de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra las mujeres, y que durante la indagación de los hechos existió impunidad, por lo que condenó al Estado mexicano.

El objetivo es que las y los especialistas puedan analizar el proceso de investigación de casos actuales para encontrar las deficiencias y errores que se tienen que corregir, y las madres y padres de jóvenes desaparecidas puedan recuperar a sus hijas con vida.

Entre los nombres de los expertos para trabajar como peritos externos en el caso destaca el nombre del fiscal español Carlos Castresana, a quien en junio pasado Sanjuana Martínez demandó por violencia familiar en la agencia del Ministerio Público número 7 de Violencia Familiar, en Monterrey, Nuevo León.

La periodista sufrió una detención arbitraria el pasado 5 de junio en su domicilio por parte de tres elementos de la policía estatal de San Pedro Garza, quienes, con amenazas y amagos de armas largas, la subieron a la patrulla 206.

La orden de aprehensión fue girada por la juez Luz María Guerrero, del Juzgado Quinto de lo Familiar de San Pedro, luego de que Castresana interpuso una demanda contra Sanjuana para quitarle a sus hijos, lo que es ilegal de acuerdo con las leyes de Nuevo León, toda vez que está en curso un proceso de divorcio y hasta que el juicio no concluya no se pueden reclamar a los hijos.

Tras la violencia cometida contra la periodista se creó en España el sitio www.change.org, en el que integrantes de la sociedad civil demandan que los “maltratadores estén fuera de las instituciones”, al referirse al especialista en violencia de género Carlos Castresana.

En esa página web sostienen que Castresana “está acusado por violencia familiar en México, con una orden de restricción (similar a nuestra orden de alejamiento) que incumple sistemáticamente, demostrando un desapego absoluto por el cumplimiento de la justicia incompatible con su cargo”.

CASO JUÁREZ

Además de la contratación de Castresana, la Fiscalía de Chihuahua y el gobierno federal buscan el apoyo de Ruth Rubio, catedrática de Derecho Público Comparado del Instituto Universitario Europeo, especialista en reparaciones con enfoque de género, y de Patricia Viseur Sellers, especialista en violencia sexual, ex asesora jurídica y fiscal investigadora del Tribunal Penal Internacional en la ex Yugoslavia.

También se quiere el respaldo de Madeline Rees, ex representante de la Alta Comisionada en Bosnia y luego directora de la Unidad de Género en Ginebra, reconocida por su trabajo en materia de trata de personas y violencia sexual.

Cabe destacar que los gobiernos federal y estatal gestionan el aval de las y el experto ante la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

A más de dos años de la sentencia de la CoIDH, la abogada especializada en violencia de género y experta en casos de feminicidio, Karla Michelle Salas, destacó la iniciativa para contratar a los peritos externos, toda vez que es una demanda hecha por ellas desde hace varios años, aunque evitó pronunciarse respecto a Castresana.

La abogada informó que ya solicitaron a la Fiscalía que los especialistas trabajen también en los casos de Idaly Juache Laguna, de 19 años y desaparecida el 23 de febrero de 2010, así como en el de Mónica Janeth Alanís Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009; ambos hechos ocurridos en Ciudad Juárez.

En el mismo sentido, Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, afirmó que la llegada de las y los expertos es una petición añeja de las organizaciones, ya que el hecho de que peritos externos tengan acceso libre a los expedientes abre la posibilidad de resolver no sólo los tres casos de Campo Algodonero, sino también los casos de feminicidio y las desapariciones de mujeres en la urbe fronteriza.

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