Luego de que se aprobó este año el protocolo de procedimiento para denunciar el acoso sexual ante las autoridades laborales de Uruguay, ahora se abre paso un anteproyecto para tipificarlo como delito.
La iniciativa surgió en el seno de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato en el Trabajo, conformada por gobierno, sindicatos y empleadores, que asesora al Ministerio del ramo en los temas relacionados con las mujeres, particularmente en la promoción de medidas encaminadas a la igualdad de género.
Aunque desde 1989 existe en el país una ley que prohíbe la discriminación, no fue hasta 1997 que fue reglamentada, a partir de lo cual se incrementaron las denuncias de acoso sexual, dado que ese delito no está tipificado en el Código Penal.
No existen cifras nacionales, pero «se sabe que hay muchos casos, principalmente en la banca privada y en el sector de la salud, pues el fenómeno ocurre tanto en el ámbito de la empresa privada como en los organismos públicos», afirmó Martha Márquez, abogada y consultora de la Organización Internacional del Trabajo.
La legislación actual permite hacer denuncias de tipo administrativo por medio de las inspecciones oficiales de trabajo, encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas laborales. En estos casos, las quejas pueden ser anónimas y las sanciones contempladas van desde la amonestación, pasando por multas, hasta el cierre temporal del centro.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobó este año el procedimiento investigativo, con el fin de desarrollar estas normas. En particular atiende el decreto186 de 2004, que califica de infracciones graves las acciones u omisiones que impliquen discriminación en las condiciones de trabajo por razón de sexo y el acoso sexual en el ámbito de las relaciones laborales.
«Aún cuando ya está vigente el procedimiento, tenemos muchas dificultades para las denuncias», aseguró Ofelia Ogara, sindicalista de la central de trabajadores uruguaya PIT-CNT y representante de esta confederación en la Comisión Tripartita.
También la legislación prevé las denuncias de tipo laboral ante los juzgados de trabajo, tendientes a lograr la indemnización que en estos casos configura la forma de despido abusivo, explicó a SEMlac la jurista Márquez, también miembro de la Comisión de Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
La legislación preveía un mecanismo más expedito que un juicio laboral común, que debido a la interpretación de una norma posterior fue suspendido, añadió Márquez.
Ante este vacío, la Comisión Tripartita empezó a trabajar un anteproyecto de ley laboral sobre acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo, aplicable en los sectores públicos y privado.
El anteproyecto, desarrollado por Márquez, define el acoso sexual como «todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por persona del mismo u otro sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido, y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe. Un único incidente grave puede constituir acoso sexual».
El texto prevé que todos los patrones organicen un ámbito bipartito con los trabajadores, conformado por mujeres y hombres, como una opción para resolver los casos.
La persona denunciante puede presentar la queja ante el comité bipartito o ante la oficial inspección de trabajo, pero, en el primer caso, el comité está obligado a informar a este organismo del Estado.
«Cuando estaba en discusión el anteproyecto por la Comisión Tripartita, los empleadores no lo apoyaron», informó Ogara.
Ante esta situación, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados ofreció estudiar el tema del acoso sexual a partir de este anteproyecto. La propuesta cuenta con el respaldo de la bancada de la agrupación política Frente Amplio, actualmente en el poder.
«Como el Frente Amplio tiene mayoría en el parlamento, es muy factible que se apruebe, luego de debate y ajustes», entre los diputados primero, y los senadores después, opinó Márquez.
La abogada agregó que existe temor a denunciar, por la discriminación que se pueda sufrir posteriormente. «Subsiste la opinión machista de que la persona denunciante ha provocado la situación», explicó.
Otro mecanismo que sugiere la experta en derecho laboral es el de incluir el tema de acoso sexual en los convenios colectivos de trabajo. «Son las herramientas que tienen más cerca los y las trabajadores», puntualizó Márquez.
06/AC/GG
