La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), aprobada el pasado martes en la Cámara de Diputados, «es contradictoria, aberrante y agresiva» toda vez que lejos de proteger el medio ambiente, la salud y la alimentación de la población, fomenta la biotecnología a favor de intereses trasnacionales y en perjuicio de las comunidades campesinas e indígenas.
Ecologistas, científicos y diputados federales arremetieron hoy contra la iniciativa aprobada por la Cámara baja, por considerar que de ninguna manera previene los posibles efectos negativos que tendría el uso y consumo de semillas transgénicas y productos elaborados con OGM entre la población y para el campo.
En una rueda de prensa para analizar las repercusiones sociales, económicas y ambientales de dicha legislación -cuya aprobación todavía está pendiente en el Senado- organizada por la fundación alemana Heinrich Böll, las y los expertos coincidieron que con la Ley de Bioseguridad de OGM se beneficia a compañías trasnacionales en las áreas de la alimentación y la farmacéutica como Monsanto, Bayer, DuPont, Dow AgroSciences, y Syngenta.
La investigadora del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) Silvia Ribeiro, denunció que esa ley «está viciada de origen y no es de interés público», porque no tomó en cuenta las observaciones de la comunidad científica y el rechazo de movimientos campesinos, indígenas y ecologistas en todo el país.
Calificó como un «fuerte golpe» de la Cámara de Diputados a la sociedad la aprobación de la Ley de Bioseguridad. También la definió como «aberrante» ya que no va encaminada a proteger la salud de la población y al medio ambiente, sino que «condenará» a la población campesina a la dependencia en el uso de semillas transgénicas, y a «pérdidas económicas» por la afectación de los cultivos tal y como ha ocurrido en otros países.
Ribeiro aseguró que con la nueva ley las empresas trasnacionales productoras de OGM gozarán de «impunidad total» para contaminar el campo mexicano y afectar en particular el genoma del maíz nativo y criollo que se produce en el país. Puso como ejemplo que se podría provocar «esterilidad y deformaciones» en las plantaciones de maíz.
El investigador del Centro de Biotecnología Aplicada del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) José Antonio Serratos, dijo que la ley es «contradictoria» porque su objetivo que es el fomento de la biotecnología corresponde a una ley de ciencia y no a una legislación sobre bioseguridad.
Lamentó que en la discusión legislativa del dictamen de la ley no se haya tomado en cuenta «la riqueza» de las aportaciones de la academia, y sostuvo que es una «farsa» que la iniciativa haya tomado en cuenta las resoluciones de foros internacionales sobre los riesgos para el maíz por el uso de semillas transgénicas.
El diputado Víctor Suárez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), e integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, afirmó que la ley es «permisiva» para los intereses de las trasnacionales y que tiene como fin la «liberalización comercial de todas las semillas transgénicas», lo que acarrearía ganancias por 500 millones de dólares para esas compañías.
Sostuvo que la aprobación de la ley careció de consenso y debate público, y que diputados del PRI y PAN la promovieron «bajo consigna y con fanatismo» en beneficio de las empresas en biotecnología.
Destacó que su partido se opuso a dicha legislación, y que consiguió que se modificaran 31 artículos de la misma en aras de garantizar prevención ante una eventual contaminación ambiental y afectación al desarrollo rural de comunidades campesinas e indígenas.
Las y los participantes en la conferencia convocaron a profundizar el debate público sobre las repercusiones negativas que tendría la Ley de Bioseguridad de OGM, y confiaron en que en el Senado se rechacen las modificaciones elaboradas por la Cámara de Diputados, y la legislación quede «congelada» en espera de que en un año se realice un nuevo dictamen.
2004/RM/RM/SM
