El Fondo de las Naciones Unidas para Infancia (Unicef) reconoció al Congreso de la Unión de México por la reforma al Código Penal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil.
Las reformas, que adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, son resultado de varias iniciativas promovidas por diversos legisladores, durante la legislatura pasada, que habían sido aprobadas por la Cámara de Diputados desde el 28 de abril del 2005, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de las y los niños, niñas y adolescentes en contra de la explotación y abuso sexual.
Para Unicef, dice el organismo a través de un boletín, preocupa especialmente, dentro de la violación a los derechos humanos, la explotación sexual comercial infantil.
Y es que en México este fenómeno incluyó, tan sólo en el año 2000, a 16 mil niñas, niños y adolescentes, aproximadamente, según el estudio «Infancia Robada», publicado por Unicef, Centro de Investigación y Estudios sobre Antropología Social (CIESAS) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF).
Pero no existen estadísticas actualizadas sobre el tema, lo que indica la necesidad de tener información más precisa y al día sobre este tema en México, dice Unicef.
Es muy favorable la reforma, dice el boletín, «porque además de aumentar penas de algunos delitos ya previstos con anterioridad (como es el delito de corrupción de menores de 18 años de edad), se incluyen o tipifican por primera vez en el Código Penal Federal como delitos graves» los de turismo sexual contra personas menores de 18 años de edad, pornografía infantil en todas sus modalidades, incluida la de Internet, la trata de personas menores de dieciocho años de edad, así como el lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad.
Con esta ley se agravan también las sanciones cuando estos delitos son cometidos por familiares, tutores, funcionarios públicos, maestros ministros de culto, ente otras personas.
Por su parte, Daniel Camazón, Representante de Unicef México admite que las medidas son un paso muy importante para la protección de la niñez, pero «el reto actual lo representan la adecuación por parte de los estados para que también realicen reformas en este sentido a sus ordenamientos penales y reforzar las tareas de prevención de estos delitos cuya responsabilidad corresponde a toda la sociedad».
De igual forma, Unicef reconoce que se da un cambio sustancial al reconocer que cuando se comete alguno de estos delitos, además de una flagrantes violación a un derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, se atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de las personas menores de 18 años de edad y no contra la moral y las buenas costumbres como se preveía con anterioridad.
BIEN? PERO
La reforma, aunque fue aprobada por unanimidad, había sido cuestionada por algunos miembros del Partido Acción Nacional, concretamente por el senador panista Alejandro González Alcocer, por contener «algunas inconsistencias».
Sin embargo, a decir del propio senador, aceptaron su aprobación por el principio que rige la minuta, en el sentido de agravar las penas para los pederastas y para quienes cometen abuso en contra de las y los niños y de otras personas incapaces.
La reforma establece hasta 30 años de cárcel para los servidores públicos, ministros de culto religioso y padres de familia que abusen o exploten sexualmente a las y los niños. Asimismo, las reformas protegen a los menores de 18 años, así como a las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.
De acuerdo con el dictamen, la sanción se aumentará el doble cuando el infractor ejerza la patria potestad, guarda o custodia del menor, sea familiar en línea colateral hasta cuarto grado o sea tutor.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Guillermo Tamborrel Suárez, también coincidió en que la explotación sexual infantil es la forma más perniciosa de vulnerar los derechos de la niñez y un fenómeno de inquietantes dimensiones.
El legislador por Querétaro manifestó que la explotación, el abuso y la pornografía infantil están a la vista de todos. «En México estamos arribando a una situación de invisibilización del fenómeno, volviéndose cotidiano y dejando de llamar la atención con la consecuente falta de denuncias».
En contra de la explotación sexual comercial de niños han faltado acciones más contundentes para falta fortalecer la legislación y establecer las condiciones y mecanismos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez y hacerlos exigibles, acotó el senador panista.
07/LGG/GG
