Integrantes de organizaciones campesinas, pueblos y comunidades indígenas de Guerrero, reunidos hoy en Chilpancingo admitieron que las mujeres campesinas del estado continúan marginadas de sus derechos a la educación, trabajo remunerado y decidir sobre su propio cuerpo.
La Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Guerrero ( COCIGRO), afirmó en un comunicado que la incorporación de la mujer campesina, en plenitud de derechos, sigue siendo una deuda pendiente, además carecen de apoyo para realizar proyectos productivos y sociales propios, afirmaron.
Exigieron la promoción de la población rural femenina en actividades productivas, sociales, políticas y culturales, así como la implementación de programas rurales de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar.
La coordinadora señaló que el campo mexicano padece una profunda crisis estructural que se manifiesta en el retiro de la inversión pública y privada, el desempleo masivo y falta de mercado.
El predominio del asistencialismo como política publica de atención al campo, lejos de favorecer el desarrollo agropecuario del país, lo ha limitado y distorsionado. Situación, abundaron, que se ha agudizado en la actual administración.
Para la COCIGRO, el gobierno del presidente Vicente Fox está sustituyendo las políticas públicas de desarrollo social con programas de beneficencia y caridad promovidos por asociaciones filantrópicas, a las que se canalizan recursos fiscales.
Respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), manifestaron que mientras los gobiernos de Estados Unidos y Canadá atienen y promueven como prioridad estratégica los intereses de sus productores agropecuarios, el gobierno mexicano, desde hace más de 20 años, presiona con sus políticas para que la población rural abandone el campo.
Esta situación, afirmaron, hace que malbaraten sus tierras y las dejen en manos de las grandes empresas agroindustriales nacionales y extranjeras, las cuales están desbastando las tierras, sobreexplotando nuestros recursos naturales y generando múltiples problemas ambientales.
Ante la gravedad de esta situación y su previsible impacto sobre las futuras generaciones, las y los campesinos guerrenses «exigimos del gobierno de la República y del estado poner fin a esta nefasta política de abandono del campo. Política que de persistir pone en riesgo la soberanía y la gobernabilidad social y política de país».
RGL/MEL
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