Integrantes de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres confían en que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) respetará y tomará en cuenta su propuesta para elaborar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Dicha propuesta señala, entre otros puntos, que se debe dejar claro cuál es el compromiso del Estado y del Gobierno mexicano para prevenir la violencia contra las mujeres.
En la mesa de Medios y Género, convocada por la agencia Cimacnoticias y la Fundación Friedrich Ebert, llevada a cabo esta mañana, la académica y feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, una de las principales promotoras de esta Ley, señaló que la Red de Investigadoras (de la que ella forma parte) estará muy pendiente de que el Reglamento cumpla los mínimos para que se aplique y funcione la Ley.
En entrevista, Lagarde y de los Ríos precisó que estos lineamientos generales fueron propuestos por la Red de Investigadoras porque fueron promoventes de la Ley: «sabíamos claramente qué teníamos en la cabeza las diputadas de todos los partidos políticos que trabajamos en esta Ley para crear políticas que nos permitan enfrentar el problema».
Entre los puntos fundamentales a considerar en el Reglamento destacan: definir los conceptos de prevención, atención y los alcances de las políticas gubernamentales, así como los lineamientos generales a considerar en las reformas a los Códigos Civiles y Penales en materia de sanciones.
Asimismo, destacaron que para garantizar la aplicación de la Ley es necesario definir puntualmente cuáles son los procedimientos que precisa dicha norma para cada una de las Secretarías de Estado que forman parte de los Sistemas Nacionales.
En este sentido, Marcela Lagarde enfatizó que «el Ejecutivo no debe ver con mirada miope la Ley» y se requiere de una muestra clara para que el Reglamento esté listo y pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación en breve, ya que los plazos para elaborarlo vencieron desde mayo de este año.
POLÍTICA INTEGRAL
Tanto la antropóloga Lagarde como la ex diputada Angélica de la Peña criticaron que las dependencias federales no han acabado de comprender cuál es su competencia para erradicar la violencia contra las mujeres.
Al respecto, señalaron que debe entenderse como una política integral que va desde la educación (una reforma educativa), prevención, creación de empleos, acceso a servicios de salud y terminar con la desigualdad.
Angélica de la Peña sostuvo que educar y reeducar de manera distinta a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y reeducar a los adultos en el conocimiento de la Ley es un problema estructural grave del país porque «no conocemos las leyes» y no las exigimos.
Señaló que es necesario reformas los códigos penales y civiles de cada entidad federativa, que definirán cómo debe aplicarse la Ley y qué debe formar parte del paquete de reformas en cada entidad.
Las especialistas señalaron que es importante contar con la Ley y a partir de ella se podrá ver qué capacidad de movilización social hay para darle vida concreta.
07/LGL/GG
