Inicio Reforma anticonstitucional en Sonora da derechos al embrión

Reforma anticonstitucional en Sonora da derechos al embrión

Por Silvia Núñez Esquer/corresponsal

Por mayoría fue aprobada la tarde de ayer la iniciativa de reforma al Artículo 1 de la Constitución Política en Sonora, en donde se dan prerrogativas al embrión humano desde su inicio.

Ante la propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y apoyado por las y los priistas en pleno, la aprobación reforma el Artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

Artículo 1°.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.

Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

Para ser aprobada, los grupos unidos suspendieron la reunión de ayer en Comisión para aprobarla, por lo que la llevaron directo al pleno y solicitaron con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declarara como urgente y obvia resolución y se dispensara el trámite de Comisión, para que fuera discutido y decididoen esa misma sesión ordinaria, lo cual se aprobó.

La diputada Petra Santos Ortiz y el diputado Reynaldo Millán Cota, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), defendieron el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su reproducción.

Se pronunciaron en contra de la iniciativa, al tiempo que el diputado Salomé Tello Magos del PANAL, solicitó al pleno se pospusiera la votación, ya que la iniciativa debería ser analizada y consensada, y que debería tomar en cuenta el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y la propuesta estaría llevando a que tal vez se perdieran dos vidas, la de la madre y la del producto.

ANTICONSTITUCIONAL

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil feministas se expresaron en contra de la iniciativa y se manifestaron en el recinto legislativo al tiempo que presentaron un pronunciamiento dirigido a los cuatro grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PANAL.

En un documento firmado por La Colectiva: Observatorio Feminista, Nosotras Ciudadanas por la No Violencia hacia las Mujeres, Mujeres y Hombres Socialmente Activos, Sangre Violeta, Diverciudad, AC y Género y Medio Ambiente (Gemas), I.A.P., observaron que la iniciativa cuenta con varios inconvenientes.

Entre otros, atenta contra el Artículo 4º constitucional, que establece que “(…) toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”.

Contraviene la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la Interrupción Legal del Embarazo en el Distrito Federal, que fija un criterio jurídico fundamentado en la no discriminación hacia las mujeres.

Atenta contra la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, particularmente en la figura del agravio. Atenta contra la posibilidad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su futuro, al no consultarlas, y transgrede sus derechos como ciudadanas en un Estado democrático.

Y finalmente, contraviene los acuerdos internacionales en la materia firmados y ratificados por nuestro país. Asimismo emitieron un pronunciamiento dirigido a todas las y los diputados de la LVIII legislatura, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la comunidad sonorense.

En él exigieron que se abra al debate amplio a la sociedad en general, y particularmente a las mujeres. Los grupos parlamentarios y la Comisión de Asuntos de la Mujer deben garantizar la no discriminación hacia las mujeres y hacer respetar sus derechos ciudadanos, opinan.

Es competencia del Congreso promover la construcción de un Estado laico y democrático y no la socialización de argumentos moralistas y religiosos que desvían la atención de un problema social y de salud pública que es prioritario, argumentaron.

Advertían que la iniciativa no debía aprobarse sin antes abrir el debate. “No se puede reformar nuestra Carta Magna como resultado de una propuesta opaca que se presentó con dolo a espaldas de la sociedad y que no siguió el procedimiento legislativo correspondiente. Eso representa una imposición y un atropello a la calidad de ciudadanas de todas las mujeres de este Estado”, comentaron.

Dentro de un plazo de 90 días, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Congreso del estado deberá realizar las adecuaciones que resulten pertinentes, entre otras, a las leyes en materia de salud, educación y a la legislación civil, de tal manera que dichos ordenamientos sean congruentes con las disposiciones de esta reforma constitucional, según lo aprobado.

08/SNE/GG

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