La promulgación de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (DH) es un avance para las mujeres, toda vez que obliga al Estado a cumplir con tratados como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Durante el foro nacional «La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos y su impacto en los derechos de las mujeres», organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, representantes de organizaciones civiles y funcionarios públicos se mostraron a favor de la nueva legislación.
En entrevista con Cimacnoticias, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promisión de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez, explicó que esta reforma es el punto de partida para hacer realidad los DH de las personas ya que establece la obligación de los servidores públicos de cumplir los tratados internacionales, muchos de ellos a favor de las mujeres.
El también catedrático de la Universidad Iberoamericana explicó que las reformas a 11 artículos de la Constitución mexicana fortalecen derechos de las mujeres en salud, trabajo y a una vida libre de violencia.
Mencionó que desde que se publicó el decreto en el Diario Oficial, el 10 de junio del 2011, se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, lo cual es un avance significativo, porque estos derechos no podrán restringirse, ni suspenderse.
Como ejemplo, citó la Convención Americana, la Belem do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Además de que el Estado tendrá la obligación de cumplir sus recomendaciones e interpretaciones.
Por su parte, Sandra Serrano García, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señaló que si bien en este decreto no se menciona textualmente la palabra mujeres, la mayoría de los tratados internacionales tienen referencias de género.
Dijo que con esto, los legisladores y los operadores de justicia tendrán la obligación de formular políticas públicas e interpretaciones que consideren la no discriminación y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como un principio rector.
Al mismo tiempo recordó que los DH no son estáticos, sino que deben interpretarse de manera diferente según el contexto. También crítico que actualmente estos no se analicen conforme a las condiciones especificas de cada mujer.
Finalmente, Anayeli Pérez, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, destacó que otros de los beneficios de esta legislación es que se podrá sustentar una jurisprudencia basada en la igualdad y habrá una obligación estricta de cumplir las recomendaciones internacionales sobre acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
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