La propuesta de Enrique Peña Nieto de reformar la Constitución para crear el Sistema Nacional de Salud Universal –con el que se daría seguridad social a toda la población– debe garantizar que las mujeres accedan a servicios de calidad, especialmente de salud sexual y reproductiva, y no únicamente a que cuenten con un seguro.
Especialistas en salud coincidieron en que la anunciada cobertura universal no resolverá las fallas estructurales que actualmente presenta el sistema de salud por lo que no garantiza que la población realmente accederá a la atención que requiere.
Reunidas en el Seminario “La Reforma al Sistema Nacional de Salud en México” –convocado por la Coalición por la Salud de las Mujeres–especialistas en derecho a la salud hicieron un análisis de la manera en la que debería construirse dicho sistema universal para que sea realmente un beneficio para las millones de mexicanas que viven sin seguridad social.
La investigadora y doctora Asa Cristina Laurell sostuvo que además de que la propuesta está pensada en lograr la salud de las personas de manera individual y no en lograr la salud de la comunidad, desde hace varios años se está apuntando a lograr la cobertura universal de aseguramiento (el derecho a tener un seguro con un paquete de servicios) pero no la cobertura universal de salud (acceso a prevención y atención de enfermedades).
Señaló que la reforma constitucional que se propone no ataca de fondo las carencias que en materia de salud se enfrentan, por ejemplo la de personal capacitado y competente para atender emergencias obstétricas o partos o la falta de infraestructura adecuada en todas las instituciones públicas.
Para la especialista quien fue secretaria de salud capitalina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, además de la modificación al artículo 4 constitucional se debe pensar en modificar el artículo 123 –que establece el derecho de las y los mexicanos al trabajo digno y a la previsión social– y en una reforma fiscal que garantice que se cuenten con los recursos necesarios.
“La cobertura universal de aseguramiento (tener un seguro médico como se propone) no garantiza seguridad sanitaria y acceso a los servicios” concluyó.
Por su parte la doctora Carolina Tetelboin Henrion, del departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X), subrayó la importancia de que el financiamiento de la seguridad universal no recaiga en los bolsillos de las y los trabajadores y se busque una forma de financiamiento propio.
Cabe recordar que en abril pasado la Secretaría de Salud (Ss) anunció que se presentaría ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para crear el Sistema Nacional de Salud Universal, con lo que se buscaría que toda la población tenga acceso a los sistemas médicos en todo el país.
En la iniciativa anunciada se propone modificar el artículo 4 constitucional –que garantiza el acceso a la salud de las y los mexicanos– así como cambios en las leyes del IMSS y del ISSSTE, y a los servicios de salud estatales.
Si bien a la fecha el ejecutivo federal no ha materializado su proyecto, en el Senado de la República ya fueron presentadas dos iniciativas en la materia.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó su propuesta en octubre pasado para reformar el artículo 4 constitucional y que éste defina, entre otras cosas, que “todo prestador de servicios de salud es integrante del Sistema Universal de Salud y es su obligación concurrir con sus recursos en la atención de las necesidades de salud de la población, independientemente de la modalidad o institución a la que pertenezca en los términos que la Ley establezca”.
Por su parte la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, plantea otra propuesta al mismo artículo que señala “el Estado debe garantizar el derecho a la salud independientemente de si la persona cotiza o no como trabajador en alguna de las instituciones de seguridad social del país”.
“El derecho a la salud implica en lo particular la obligación del Estado para adoptar medidas para mejorar la salud en el trabajo, la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto y, los servicios obstétricos de urgencia”.
Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Salud del Senado de la República donde aún permanecen.
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