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Reforma laboral del PRI no garantiza derechos de trabajadoras

Por Guadalupe Cruz Jaimes

La iniciativa de reforma laboral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) carece de perspectiva de género, por lo que de aprobarse mantendrá el deterioro laboral y el hostigamiento sexual que sufren sobre todo las 16.9 millones de trabajadoras mexicanas.

Lo anterior lo informó en entrevista Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), quien refirió que la propuesta del PRI —que presentó el PRI el pasado 11 de marzo en la Cámara de Diputados— “retoma la perspectiva de género en el discurso, pero no plantea modificaciones que hagan efectivos los derechos de las mujeres en el trabajo”.

Ortiz Magallón señaló que las iniciativas del tricolor y del Partido Acción Nacional (PAN) integraron demandas de las trabajadoras tales como la sanción al hostigamiento sexual y la prohibición del despido por embarazo, pero no establecen los mecanismos procesales para que se cumplan por lo que la situación seguiría igual.

Según un informe de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, cada año se registran 26 mil casos de hostigamiento sexual en 258 dependencias gubernamentales. De acuerdo con la RMS, 9 de cada 10 personas hostigadas sexualmente son mujeres y la mayoría de los casos quedan impunes.

También incluyeron el descanso nocturno para las trabajadoras del hogar que laboran “de planta” y de fines de semana para el gremio, así como la obligación de que los patrones les garanticen una alimentación suficiente y sana; en este aspecto, dijo, “es casi la misma propuesta del PAN”.

Aunque estas medidas son necesarias, “no resuelven el problema de fondo”, pues no reconoce el resto de los derechos laborales a las cerca de 2 millones de trabajadoras del hogar en el país, como la seguridad social.

Las “insuficientes” modificaciones a la Ley para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, concluyó, demuestra la falta de interés de ambos grupos parlamentarios por mejorar las condiciones de las trabajadoras.

Al respecto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) advirtió en un comunicado de prensa que con la iniciativa priista —que carece de perspectiva de género—, se mantendrá “la inequidad, explotación y hostigamiento sexual contra las mujeres”.

Señaló también que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) aumentarán la situación de pobreza de las y los trabajadores, al “menoscabar legalmente” sus derechos laborales.

De acuerdo con la ANAD, la propuesta de reforma del PRI generaría al menos 24 “grandes afectaciones” contra las y los trabajadores, según el análisis de esta organización.

Entre las modificaciones está la eliminación del apartado que en el artículo 39 de la LFT establece que un contrato durará mientras subsista la materia de trabajo, con lo cual, la contratación dependerá de la voluntad del patrón. Desaparece también el derecho al aviso de despido para las y los trabajadores domésticos.

Además, mediante contratos a prueba, por capacitación inicial y de labores continúas, que consiste en la prestación de servicios por menos de seis días a la semana, permite el despido “libre” sin indemnización.

A su vez, legaliza la contratación mediante una empresa terciaria u outsourcing que permite a los patrones evadir su responsabilidad solidaria (seguridad social y prestaciones) con el personal que fue contratado mediante la empresa intermediaria.

Respecto al salario, el PRI propone que éste se fije por el sector patronal sin intervención sindical, así como el monto de bonos, incentivos y comisiones.

Ante el temor de un “albazo” en la Cámara de Diputados por la “anunciada” alianza entre el PRI y el PAN para aprobar una reforma laboral con esas características, la ANAD, junto con otras organizaciones y sindicatos, llevarán a cabo mañana una “Jornada en defensa de los derechos laborales” en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que participarán especialistas en el tema.

El próximo 18 de marzo habrá una marcha a partir de las 16 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, en defensa de los derechos laborales.

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