La reforma laboral no existe como prioridad dentro de la agenda política del actual gobierno panista, aunque Felipe Calderón se haya proclamado como «el presidente del empleo», señalaron los participantes en la mesa de trabajo «Reforma laboral mexicana», durante el Congreso Laboral Latinoamericano 2007.
Entre los expertos que integraron la mesa hoy por la mañana estuvieron: el doctor Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Jorge Regil Gómez, miembro titular de comité sindical de la Organización Internacional del Trabajo-México.
Coincidieron en que tras 15 años de haber iniciado la discusión sobre la reforma laboral, hoy tan «necesaria», en este momento político existen cerca de 180 iniciativas pendientes en materia laboral en la Cámara Baja.
Para Florentino Castro, ex diputado federal en la LVI Legislatura, es necesario cuestionarse qué tan posible es llevar a cabo la reforma laboral en un país «que enfrenta graves dificultades para la construcción del acuerdo» ya que la discusión central entre el Ejecutivo y el Legislativo está centrada principalmente en el cambio del formato del informe presidencial.
Asimismo, uno de los principales contratiempos que enfrenta dicha reforma es que no se encuentra asentada como parte de la actual agenda presidencial: «los legisladores panistas nos dejaron claro cuál es su estrategia para los años que le quedan a esta legislatura y en ningún lado esta la reforma laboral».
Y aunque hay una iniciativa de reforma laboral dentro la Cámara de Diputados que se presentó en el año de 2002 y que es conocido como el acuerdo Abascal, pues se realizó mientras Carlos Abascal era el Secretario del Trabajo, Castro López asegura que es necesario revisar si existen los mecanismos necesarios «para revivir el tema».
Otra de dificultad que enfrenta esta reforma es «conocer a quién de los actores le urge aprobarla: los trabajadores parecen cómodos con la actual estructura jurídica que regula las relaciones obrero-patronales en el país. Tal vez a los patrones pudiera interesarle más, pero pareciera que a Calderón no le interesa y que a su partido tampoco» enfatizó.
Enfrenta, también, según el ex legislador, las dificultades internas del Congreso de la Unión, donde hoy el legislativo se ha debilitado; la crisis del Seguro Social; el problema no resuelto de la seguridad social de las y los trabajadores del Estado: «todo esto nos hacen pensar que no tendremos resuelto el tema de la reforma laboral en el corto plazo» finalizó.
Por su parte Jorge de Regil Gómez, miembro titular del Comité sindical de la OIT-México, consideró que la reforma laboral interesa a las y los trabajadores que buscan sobre todo «recuperar la capacidad personal de tomar decisiones laborales. Este sector, hoy día es mucho más educado que el que sirvió para el análisis primario de la Ley Federal del Trabajo que se hizo en 1928».
También es prioridad que se realice para las empresas, pues buscan que se facilite la contratación de trabajadoras y trabajadores, haciéndola «más eficaz y dúctil» pues, explicó, una contratación rígida «lleva a la ineficiencia, altos costos, falta de competitividad y la incapacidad de evolucionar con la rapidez que la economía mundial requiere».
Esta reforma es necesaria pues, a decir de Regil Gómez, el modelo económico mexicano se enfrenta actualmente con ineficacia al cambio de los modelos económicos del resto del mundo, lo que resulta en un desequilibro del mundo laboral.
Explicó que la LFT actual tiene una característica: «en una sola ley esta la parte sustantiva, la parte procesal y la parte administrativa, lo cual es técnicamente incorrecto, lo correcto es tener una ley sustantiva, una afectiva y una reglamentación administrativa», esto se plantea en el acuerdo Abascal.
Además, esta reforma, dijo, no elimina la jornada de trabajo actual, los días de descanso, vacaciones, y plantea temas como los derechos colectivos, el derecho de asociación y el derecho de emplazamiento a huelga.
Los principales objetivos de esta reforma según Tomas Natividad Sánchez, especialista en derecho laboral de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es quitarle a la LFT lo que actualmente está impidiendo el empleo formal, profesionalizar la justicia laboral y hacerla más justa y clara.
Además de privilegiar la conciliación en todos los procesos laborales, que implica 236 cambios en una legislación de 1000 artículos; además de que respeta el Artículo 123 constitucional, explicó.
Sobre el acuerdo Abascal, el cual fue establecido en 2002, José Luis Carazo Preciado, subsecretario de Trabajo de la CTM, manifestó durante su intervención que no respondía a los retos que actualmente enfrenta México a nivel económico.
Pero, para el gobierno, es importante reformarla de manera política porque desde 1993 ningún presidente ha podido reformarla; para el sector empresarial es una posibilidad de tener mayor productividad a menor costo; y en el caso de las y los trabajadores es la posibilidad de generar mejores condiciones sociales y generar fuentes de trabajo, apuntó.
Sin embargo, este acuerdo no contenía los capítulos necesarios para promover la competitividad, la productividad y la participación de las y los trabajadores. Por ello, Carazo Preciado considera que es necesario hacer una reforma integral que esté basada en los diversos escenarios económicos de México y las distintas condiciones económicas de las empresas.
Por el contrario, para el doctor Alfonso Bouzas la reforma debe «arrancar por la puerta de la libertad y la democracia sindical pues entonces los trabajadores aceptarán, negociaran y conciliaran las flexibilidades que tiene, pero si no es por el tema de los sindicatos es una reforma laboral distante de la sociedad».
07/HVR/GG
