Diversos estudios sobre violencia contra las mujeres revelan que ellas son revictimizadas por los fiscales y operadores de justicia, quienes las culpan por las agresiones que padecen, y a pesar de ello, el sistema de justicia les exige que no desistan de los procesos.
Según reportes de diarios nacionales, en lo que va del 2010 se han cometido al menos 600 asesinatos de mujeres en Guatemala, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) reporta unas 8 mil denuncias por violencia contra la mujer; la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) registra impunidad en el 98 por ciento de los casos de violencia machista.
Una publicación del diario Prensa Libre, señala que el desistimiento de los procesos, por parte de las víctimas o de las familias, es una de las más grandes barreras para aplicar la justicia, y una forma más de culpabilizar a las mujeres por la impunidad registrada.
Carmen López, de Convergencia Cívico Política de Mujeres (CCPM), expresó que el Estado es el que debe garantizar la seguridad, la integridad y la vida de las mujeres, tanto el ámbito público como privado, y cuando falla el sistema de justicia debe investigar y procurar el acceso a ese derecho.
Algunos agentes policiales, fiscales u operadores de justicia, incluso sugieren a las mujeres que desistan de las denuncias porque «las van a matar», actitudes que alientan el aumento del nivel de impunidad, añadió López.
Durante el Seminario/Debate «Antes de que Suceda», llevado a cabo recientemente en la ciudad de Antigua Guatemala por Católicas por el Derecho a Decidir, de México, se destacó la importancia de revistar las responsabilidades del Estado para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres.
Los funcionarios encargados de administrar esos temas, y no cumplen con sus obligaciones deben ser sancionados, de esa manera se iniciará con un proceso de identificación de los puntos más débiles en la ruta de acceso a la justicia, se subrayó.
En el caso de España, aunque las víctimas desistan de los procesos, las fiscalías continúan con las diligencias y con la entrevistas de testigos, para llevar más casos a los tribunales.
Las autoridades guatemaltecas deben considerar que los casos de violencia contra las mujeres sean castigados con más severidad, ya que existen elementos de género implícitos que pretenden perjudicar la dignidad de la población femenina; esas especificidades deben ser incluidas en los códigos penales, indicó Carolina de León, vice consejera de Justicia y Seguridad en Canarias.
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