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Reportaje – Cambios a institutos de la Mujer para que cumplan su misión

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Al incumplir su objetivo de institucionalizar la perspectiva de género, los mecanismos para el adelanto de las mexicanas requieren una transformación con la participación de la sociedad civil.
 
La situación de los institutos de la Mujer de Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Guanajuato y Chiapas, es sólo un ejemplo de cómo a nivel nacional estos mecanismos –creados para el adelanto de las mujeres– están en el abandono, tienen una idea errónea de sus funciones, no cumplen sus tareas a cabalidad, y sirven a los intereses partidistas de los gobernadores en turno.
 

Ana Lau Jaiven, profesora-investigadora de la UAM, advierte que la institucionalización del feminismo con la creación de los institutos de la Mujer, en la situación que guardan, significó un retroceso en la lucha por los derechos de las mexicanas.

 
Sin embargo, expertas afirman que se deben tomar acciones para que los institutos sean reconocidos como interlocutores del gobierno, cuenten con directoras con los mejores perfiles, las y los funcionarios tengan clara su misión, reciban recursos técnicos y financieros, y establezcan mecanismos ciudadanos que vigilen su labor.
 
Coincidieron en que para lograr que estos mecanismos impulsen y acompañen el empoderamiento de las mexicanas debe existir también voluntad política por parte de los gobiernos.
 
COMPROMISO REAL
 
Claudia Cruz Santiago, consejera ciudadana del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sostiene que no habrá avances si no existe un compromiso real con las mujeres por parte de las administraciones locales, ya que sólo con ello se podrá pasar del discurso a la práctica de los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Al enfatizar en cómo los institutos estatales se han convertido “en una cuota que los gobernantes tienen que pagar a quien los haya acompañado en su campaña o carrera política”, la experta apunta que esa voluntad debe existir desde los partidos políticos, que deben comprometerse a que sus candidatas o candidatos definan para la cabeza de esas instancias a mujeres que en verdad defiendan la agenda de los derechos femeninos.  
 
Compromiso que –precisa– debe reforzarse con un proceso de designación de la titular claro y transparente, y con la participación plena de grupos civiles expertos desde el momento en que se emite la convocatoria hasta el nombramiento de la titular.
 
La también directora del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia destacó que la participación de las organizaciones no se debe limitar a proponer candidatas con el perfil adecuado, sino que además deben evitar que el proceso sea una simulación como ha ocurrido en ocasiones previas.  
 
Cabe recordar que en 2013 la designación de Lorena Cruz Sánchez como titular del Inmujeres estuvo marcada por la crítica de grupos civiles, que acusaron que hubo una imposición por parte de Enrique Peña Nieto.    
 
VIGILANCIA
 
Emma Obrador Garrido, directora de la Asociación de Mujeres Abrazando México (AMAM), propone que se transforme la estructura de los mecanismos para que los grupos civiles tengan una mayor participación.
 
Explica, que por ejemplo en el Estado de México, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), sólo dos agrupaciones ciudadanas –una de ellas es AMAM– colaboran con la instancia en la atención de la violencia de género.
 
Obrador Garrido asegura que a diferencia de otros institutos estatales, en el CEMyBS falta un consejo ciudadano o consultivo que vigile las actividades del mecanismo y a la vez pueda funcionar como una especie de consultoría.
 
En el papel preponderante de los consejos ciudadanos y consultivos para evaluar y dar seguimiento a las acciones de los institutos coincide Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora de la UNAM y ex titular del Instituto de las Mujeres del DF.
 
Recuerda que a nivel nacional y de manera legal todos los institutos de la Mujer tienen un consejo consultivo que se conforma por activistas y académicas.
 
Delgado advierte que aunque existen muchas organizaciones “de derecha” que buscan acceder a tales consejos, son las integrantes del movimiento feminista quienes deben formar parte de ellos y así exigir realmente que se cumplan los acuerdos internacionales en materia de DH de las mujeres.
 
Para Delgado, un aporte de los institutos que se debe reforzar es lograr presupuestos estatales con perspectiva de género a fin de que se incrementen los montos anuales de estas instancias, y de otras secretarías a favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
 
Aclara que actualmente aunque reciben recursos desde diversos programas –muchas veces limitados–, los institutos estatales no los ejercen adecuadamente.
 
Una muestra de la falta de dinero en los institutos estatales es que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, el apartado “Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género”, apenas contempla 288 millones de pesos (mdp) destinados a las 32 instancias de la Mujer.
 
Si esos montos se repartieran equitativamente, apenas corresponderían 9 mdp para cada uno de los institutos, cifra por demás insuficiente para intentar abatir –por ejemplo– los altos índices de feminicidio en el país.  
 
La socióloga y ex oficial de la Cepal Irma Arriagada afirma que se requiere de institutos de la Mujer “persistentes, con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria, apoyo administrativo y respaldo político del más alto nivel”.
 
En su artículo “Cambios de las políticas sociales de género y familia” dice que se debe garantizar la continuidad de las políticas de los institutos a largo plazo, porque con los cambios de gobierno se transforma el organigrama, llega personal nuevo y los programas desaparecen o se adosan a otros. 
 
14/AGM/AZM

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