Reportaje – PGJ de Chiapas niega anomalías en acusaciones contra migrantes

El gobierno de Chiapas no ha realizado ninguna operación que impacte en las redes internacionales de trata de personas, reconoció Rafael Martínez Ruiz, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ).
 
En entrevista, el funcionario explicó que los operativos realizados se originan por denuncias de taxistas inscritos en el programa gubernamental “Taxista vigilante”, por policías municipales y en su mayoría derivadas de denuncias ciudadanas anónimas.
 
“¿Labores de investigación de alto impacto? Sólo si la policía científica federal las realiza, porque la Fiscalía no tiene suficiente personal”, justificó Martínez Ruiz.
 
Cuestionado sobre las denuncias de las mujeres migrantes detenidas y las faltas al debido proceso en sus juicios, el fiscal especial respondió que ni en los operativos, ni en los procesos “hay error”. Para él estos planteamientos sólo son “argucias de los abogados de la defensa. Son argumentos ficticios”.
 
Y cuando las presuntas víctimas se retractan “es porque tienen el ‘síndrome de Estocolmo’, porque no se dan cuenta que están siendo explotadas”, sostuvo.
 
El fiscal reiteró que aunque las “migrantes víctimas” sean repatriadas a las pocas horas o días de ser “rescatadas”, y no ratifiquen lo que el Ministerio Público presenta como declaraciones contra presuntas tratantes, el proceso penal contra las detenidas continúa con la Fiscalía como acusador, “porque es un delito grave que se persigue de oficio”.
 
La Fiscalía contra la Trata, abundó, es constantemente capacitada por personal de la embajada de Estados Unidos y agencias de la ONU.
 
INTERVIENE NACIONES UNIDAS
 
En entrevista al respecto, Antonio L. Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México –organismo asesor en el plan antitrata del gobierno de Chiapas–, se comprometió a que la instancia a su cargo revisará los casos que han llegado ante un juez, “para entender si nuestra evaluación del proceso y compromiso del gobierno chiapaneco es real y sustentable”.
 
También sostuvo que “una política migratoria menos penalizante para el migrante irregular tendría un impacto positivo en la ruptura de determinados mecanismos relacionados con la trata”.
 
Cuestionado sobre las denuncias de las mujeres migrantes detenidas y las faltas al debido proceso en sus juicios, Mazzitelli reconoció que la UNODC no ha analizado de fondo los expedientes de los casos que se han judicializado. Sin embargo, aclaró, no se puede menospreciar lo que el gobierno de Chiapas ha hecho para combatir el delito de trata.
 
Desde hace dos años, la UNODC asesora los protocolos de atención a víctimas y el abordaje para la persecución y la investigación sobre el delito de trata de personas en Chiapas.
 
De entonces a la fecha, consideró Mazzitelli, el desempeño que Chiapas y sus autoridades han tenido en el combate a la trata de personas se pude medir en la cantidad de personas acusadas que se han llevado a juicio, la asistencia a las víctimas, y la persecución de los presuntos traficantes.
 
“No lo digo sólo yo; nosotros trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la asistencia a las víctimas, y siempre nos han hablado bien de lo que se está haciendo en Chiapas, comparado con otros estados de la Federación. Esto no quiere descartar que haya otras realidades que hay que investigar y perseguir”.
 
REPARACIÓN DEL DAÑO
 
Al cierre de este reportaje, la PGJ de Chiapas anunció que en una operación conjunta en la que participaron policías estatales, federales y municipales, se “rescató” a 39 víctimas de trata, que se encontraban en bares y cantinas del municipio de Motozintla, en la región de la sierra colindante con la frontera guatemalteca.
 
La PGJ presentó a seis personas detenidas, entre ellas cuatro mujeres migrantes originarias de Honduras, quienes, dijo, “fungían como encargados de los establecimientos, por lo que serán consignados para que enfrenten el proceso penal en su contra por el delito de trata de personas”.
 
El pasado 17 de mayo las mujeres acusadas de trata, Karen Vallecillo Castro, Denia Elizabeth Santos y Santa María Rosales, iniciaron en el penal femenil de la fronteriza ciudad de Tapachula, un ayuno indefinido para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la revisión de sus casos.
 
Una semana después fueron liberadas. Tras cuatro, tres y dos años en prisión, el juez les concedió la “libertad absolutoria”. Las tres mujeres exigen ahora al Estado mexicano la reparación del daño moral, físico y psicológico, incluyendo el reconocimiento público de que fueron injustamente encarceladas.
 
Demandan la implementación de garantías de no repetición por parte del Estado para que se respeten los Derechos Humanos de las personas migrantes en México sin importar su condición migratoria.
 
Más de 30 mujeres migrantes centroamericanas siguen presas acusadas del delito de trata de personas.
 
*Este trabajo forma parte del proyecto “En el Camino”, realizado por la Red de Periodistas de a Pie, con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx.
 
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