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Reportaje – PGJDF está negada a dar justicia a las mujeres

Por Anayeli García Martínez
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Un sinfín de omisiones e irregularidades judiciales enfrentan las capitalinas que denuncian violencia ante la Procuraduría local.
 
Violar la escena del crimen, violentar a las víctimas y filtrar indagatorias son algunas de las anomalías recurrentes en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
 
Práctica común se ha vuelto que esta instancia encabezada por Rodolfo Ríos Garza violente a las mujeres que llegan a denunciar violencia familiar, violación sexual o la desaparición y asesinato de una hija.    
 
Con pruebas de estas irregularidades, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) exige la renuncia de Ríos Garza.
 
Ulloa cita el actuar de la PGJDF en la investigación de la presunta red de explotación sexual del ex líder del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, caso en el que las víctimas fueron violentadas por la autoridad encargada de protegerlas y garantizarles justicia.
 
La activista explica que en este caso la información de los expedientes y los datos de las víctimas fueron filtrados a medios de comunicación y a gente cercana a Gutiérrez de la Torre.
 
Además, la autoridad violó el artículo 20, apartado C, fracción VI, de la Constitución, que obliga a la autoridad a proteger la identidad de las víctimas de trata de personas.
 
Incluso Ulloa dice que el Ministerio Público (MP) encargado del caso llegó a preguntarle qué tenía en contra de Gutiérrez de la Torre, si él era “buena gente”, como si se tratara de un asunto personal y no de una indagatoria penal.
 
A ello se suma que el personal de la PGJDF de manera tardía les entregó notificaciones cuando los plazos son sustanciales, para que las afectadas conocieran el estado del proceso y tuvieran tiempo para leer los expedientes e interponer los recursos necesarios.
 
Por si fuera poco, continúa la activista, el caso se investigó en la Fiscalía de Asuntos Electorales y Especiales y no en la que se especializa en trata de personas.
 
MÁS FALLAS
 
Estas y otras irregularidades se repiten una y otra vez, como en el asesinato de la estudiante de la UNAM Karen Joanna Sánchez Gochi, asesinada en un hotel en Azcapotzalco el 11 de junio de 2012, caso que litigó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
 
La madrugada de ese día los padres de Karen denunciaron la desaparición de su hija ante la Agencia Novena del MP, pero el personal “se burló” de ellos al decirles que la joven “se había ido con el novio”.
 
La familia cuenta que lejos de orientar, la PGJDF les generó más incertidumbre, así que por su cuenta los padres buscaron al sospechoso, hicieron solicitudes para obtener el registro de llamadas del teléfono celular de Karen, y de las cámaras de seguridad.
 
Pese a que se trató del homicidio de una mujer, el delito no se investigó en la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual Diferente, como correspondía, sino que fue llevado a la Fiscalía Antisecuestros.
 
Ello derivó en que el agresor fuera procesado por homicidio calificado y no por feminicidio, y con ello obtuviera una pena de sólo 35 años de cárcel.
 
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señala que el desempeño de la PGJDF en casos mediáticos como el de Karen o el feminicidio en la tienda departamental Liverpool en noviembre de 2014, requiere de un fuerte esfuerzo para llegar a la verdad.
 
Sin embargo, la resolución de estos delitos que ponen a prueba al sistema de justicia local, la autoridad deja fuera la perspectiva de género, y no hace las diligencias necesarias para que los casos lleguen ante un juzgado y haya sentencias condenatorias.
 
YAKIRI: CASO EMBLEMÁTICO
 
Las faltas al debido proceso también se presentaron en el caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart, joven que el 9 de diciembre de 2013 fue amagada por dos sujetos que viajaban en una moto en la delegación Cuauhtémoc a unas cuadras de la sede de la PGJDF.
 
La joven fue llevada a un hotel donde uno de los agresores la violó sexualmente; en el lugar ella se defendió e hirió de muerte al hombre, huyó semidesnuda, pero una vez que llegó al MP, en vez de tratarla como víctima la acusaron de homicidio.
 
En ese momento, el procurador Ríos Garza declaró que había pruebas de que Yakiri acudió el hotel por voluntad propia, que entre el presunto agresor y ella había una posible relación sentimental y que no fue violada.
 
Con estos indicios, Karla Micheeel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), advierte que en la capital del país no se está procurando justicia, y por el contrario se observa un desinterés de invertir en el tema.
 
Expone que ni siquiera existen espacios adecuados para atender a las víctimas de violación sexual. Las víctimas son atendidas por personal sin capacitación, y en oficinas donde están acumulados los expedientes y conviven los presuntos responsables y las personas denunciantes.
 
La abogada agrega que los protocolos de investigación no se respetan, como en el caso del homicidio de la activista Nadia Vera Pérez, así como de Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete Avilés, y el reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril.
 
En este caso se contaminó el lugar de los hechos, sólo se recabó información personal de las cuatro mujeres, no se ha realizado una reconstrucción del crimen, y no se ha dado importancia a las lesiones de las víctimas.
 
Desde la PGJDF, critica Salas, se culpabiliza a las mujeres, se les enjuicia por su apariencia física, y se desincentivan las denuncias de quienes viven violencia familiar alegando que será muy difícil probar sus dichos.
 
Por ello es que las activistas aseguran que en la PGJDF hay desde “mentiras veladas” hasta investigaciones basadas en prejuicios, como el caso de Clara Tapia Herrera, mujer que el 1 de julio de 2011acudió a la Coordinación Territorial de la PGJDF en Iztapalapa, para levantar una denuncia por violencia familiar contra ella y sus dos hijas y un hijo.
 
El 6 de septiembre de 2011 la mujer recibió una llamada telefónica de personal judicial, para que se presentara a reconocer a las personas detenidas por su denuncia. Una vez ahí, le dijeron que pasara a una sala donde le harían un examen médico, pero en realidad la presentaron ante los medios de comunicación acusada de “corrupción de menores”.
 
A decir de sus abogados, en realidad a Clara se le imputó ser “mala madre”. Finalmente, por las pifias de la PGJDF en los peritajes psicológicos la mujer fue exonerada en octubre de 2014.
 
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