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Reportaje – Responsabiliza Estado a familias de provocar migración infantil

Por Begoña Barbera Orozco, corresponsal

Cuando Yolanda se despidió de su nieto no pensó que apenas unas semanas después volvería a verlo. La incertidumbre hizo que quisiera congelar en su mente aquella despedida. Le besó varias veces la frente, le recordó que escondiera bien el par de billetes que llevaba y lo vio irse en silencio con el hombre con quien semanas antes había acordado la partida.
 
Durante varios años cuidó de Richard (ambos nombres ficticios), mientras la madre de éste les enviaba remesas desde Estados Unidos.
 
Yolanda se dedica al trabajo del hogar. El suyo no es un caso aislado, las abuelas salvadoreñas se hacen cargo de cuidar a dos de cada 10 niñas, niños y adolescentes en este país centroamericano.
 
Aunque no hay datos actualizados, según el Censo de Población y Vivienda 2007, la madre, el padre, o ambos, de 8.6 por ciento de la población menor de 18 años ha emigrado.
 
Dos días sin saber nada de su hijo de 11 años, después de aquella despedida y miles de kilómetros al norte de El Salvador, Sara (su madre) comenzó a preocuparse, no era lo que había acordado con aquel hombre: llevarle a su hijo sano y salvo comunicándose a diario a cambio de una sustanciosa cantidad de dinero.
 
Los “coyotes” (traficantes de personas), quienes se dedican a llevar a las y los migrantes desde El Salvador hasta EU, cobran entre 4 mil y 7 mil dólares (entre 54 mil 800 y cerca de 96 mil pesos mexicanos).
 
El Rescate, organización que brinda asistencia legal a personas sin documentos de estancia legal en Los Ángeles, California, le aconsejó a Sara que fuera al consulado de El Salvador, pero ahí no sabían nada. Tras varias llamadas, el sheriff del condado le indicó que su hijo había sido retenido por las autoridades mexicanas y que sería deportado.
 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA
 
Richard tuvo que salir de El Salvador debido a las extorsiones que sufría en la escuela. “Un hijo de un migrante es un foco de atención para los ‘mareros’ (pandilleros); es un niño secuestrable”, explica César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), una de las organizaciones civiles que dio asesoramiento a la familia.
 
Desde el consulado salvadoreño le pidieron a Sara que autorizara la repatriación de Richard. “En el consulado le dicen que ella tiene que firmar porque si no las autoridades salvadoreñas no se hacen responsables”, cuenta el director del Insami. Las organizaciones civiles le aconsejan que no lo haga.
 
La tensión y el miedo llevan a Sara a firmar, pero regresa arrepentida. Ya no había marcha atrás. No se dio por vencida y decidió contactar a una asociación mexicana de defensa legal para que visitaran a su hijo. Cuando fueron al centro donde tenían retenido al niño, ya había sido trasladado a la Ciudad de México para ser enviado a El Salvador.
 
Richard pasó a formar parte de las estadísticas del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna), que tiene registrado que de julio a octubre de este año fueron retornadas 424 niñas y adolescentes y 702 niños y adolescentes.
 
Los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería indican que tres de cada cuatro viajaban como él: con un “coyote” y sin ninguna persona conocida.
 
DEPORTACIÓN
 
En el aeropuerto de San Salvador a Richard lo esperan Yolanda (su abuela), personal del Insami y un equipo de trabajo conformado por diferentes instituciones del Estado.
 
El equipo de instituciones del gobierno salvadoreño hace que Yolanda firme un documento donde asegura que el niño no está siendo amenazado. De no hacerlo, Richard pudo ser llevado a uno de los centros de acogimiento de emergencia del Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), lugares que han recibido múltiples denuncias por malos tratos.
 
La jefa del Departamento de Supervisión a Juntas de Protección del Conna, Carmen Chinchilla, defendió que la institucionalización es la última opción y, cuando la niña o el niño está en riesgo en la comunidad donde va a retornar, “se trata de verificar con el familiar o pariente si puede trasladarse a otro lugar o encontramos a otro pariente que vive en un lugar diferente para evitar institucionalizarlo”, agregó.
 
Dos semanas después, Yolanda recibió un citatorio de un juzgado. Con base en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), las autoridades salvadoreñas acusan a la abuela de Richard, de 56 años, de someter a “riesgo incontrolado al niño y de haberlo privado de su derecho a la educación”.
 
La jefa del departamento del Conna dice enfática que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre tránsito, pero no se les debe de exponer a un viaje de forma irregular en las condiciones en que se hace”, y reconoce que las niñas y niños que emigran han sufrido vulneración a sus derechos antes puesto que, cuando salen del país de manera irregular, es porque o “no están con su mamá o su papá y tiene derecho a estarlo, no están estudiando o por el mismo contexto de violencia social”.
 
¿Qué pasa cuando la violencia social obliga a madres y abuelas a buscar que sus hijas e hijos emigren?, pregunta Cimacnoticias. “Cuando eso ocurre, el Estado tiene la obligación de articular con las instituciones con las que cuenta los mecanismos idóneos y buscar los programas adecuados que puedan lograr proteger a la niñez de este derecho que tiene a la seguridad ciudadana”.
 
MÁS NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES
 
El citatorio para Yolanda llegó en el momento en que la migración de niñas, niños y adolescentes comenzó a tornarse un tema de agenda en los medios de comunicación y entre la clase política.
 
De un año a otro, la cifra de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad salvadoreña que cruzaron la frontera con México no acompañados aumentó más del doble. Entre octubre de 2012 y septiembre de 2013 la Patrulla Fronteriza de EU detuvo a 5 mil 990, mientras que de octubre de 2013 a septiembre de 2014 fueron 16 mil 404.
 
Desde EU se calificó como “crisis humanitaria” y su embajadora en El Salvador, Mari Carmen Aponte, pidió que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén hiciera algo para detenerla.
 
La reacción del Estado salvadoreño fue lanzar una campaña pidiendo a madres y padres que no envíen a sus hijas e hijos hacia el norte sin documentación, porque en el camino se exponen a muchos peligros.
 
Las organizaciones civiles que trabajan con migrantes desaprueban la medida: “No estamos de acuerdo con esta salida del gobierno dando toda la responsabilidad de un hecho social a la familia, diciendo que, independientemente de que niñas y niños estén siendo amenazados, los culpables son los padres”, refutó el director del Insami.
 
FALTA REFORMA LEGAL
 
A principios de julio pasado, un grupo conformado por varias organizaciones de defensa de los derechos de la infancia, de personas migrantes, mujeres, salvadoreños en el exterior y varias iglesias, se reunieron para debatir y plantear propuestas.
 
Plantearon modificar la Lepina porque no aborda el tema migratorio de manera explícita, y modificar el procedimiento de aplicación para que haya posibilidad de que la persona responsable de una niña o niño pueda demostrar que lo que está haciendo es para protegerle.
 
Por su parte, varias instituciones estatales reunidas en torno a la Mesa de Coordinación de Atención y Protección a Niñez y Adolescencia Migrante están preparando un protocolo de actuación interinstitucional, para atender de forma integral a la niñez migrante y poder dar una respuesta efectiva a la situación.
 
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