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Resistencias del clero limitan derecho al aborto en Bolivia

Por la Redacción
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Los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna en Bolivia, un país en el que el Código Penal sólo permite interrumpir el embarazo en tres causales: violación, incesto o estupro, y riesgo para salud o la vida de la mujer.
 
A pocos días de la visita del papa Francisco al país sudamericano, las declaraciones de los representantes de la Iglesia católica sobre una niña de 11 años violada sexualmente y embarazada, han abierto un debate que pone de manifiesto que el derecho a decidir de las bolivianas, aun cuando su vida corra peligro, está lejos de ser realidad.
 
Se trata de una niña de 11 años de edad que presentó un embarazo producto de una violación perpetrada por un mototaxista, hace dos meses en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al este de Bolivia. Su familia inició los trámites para la interrupción del embarazo, una decisión apoyada desde las instituciones gubernamentales.
 
Sin embargo, el arzobispo de la Diócesis de Santa Cruz, Sergio Gualberti, se pronunció en contra pese a que el personal médico señaló que de seguir adelante con la gestación, la niña podría poner en riesgo su vida y sufrir graves problemas psicológicos.
 
Las declaraciones tuvieron lugar días antes de la visita del papa Francisco a Bolivia, el 9 y 10 de julio, por lo que la organización Alianza por la Solidaridad recordó que la legislación boliviana reconoce la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
 
Además, varias instancias internacionales de Derechos Humanos (DH), incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y el Relator especial de Salud de la ONU, instan a los gobiernos a despenalizar el aborto, ya que su penalización constituye una grave violación de varios DH de las mujeres, incluyendo el derecho a la salud.
 
Antes de este caso, el primer aborto de un embarazo producto de una violación fue practicado hace apenas un mes en la central ciudad de Sucre, donde otra niña presentó un embarazo tras ser abusada por su padrastro.
 
En 2014, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, hubo 326 denuncias de abuso sexual a menores de edad, en un país que es el que registra los mayores niveles de violencia física contra las mujeres y el segundo en violencia sexual, después de Haití, según datos de la ONU.
 
Respecto a las leyes vigentes en la nación andina, la Constitución reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, si bien el Código Penal limita el derecho al aborto a las tres causales mencionadas.
 
En caso de violación, como éste, las víctimas deben presentar una denuncia y demostrar su “honorabilidad” en un interrogatorio, por lo que muchas no denuncian.
 
En febrero de 2014 el Tribunal Constitucional boliviano dictó una sentencia por la que eliminó la obligatoriedad de contar con una resolución judicial para poder interrumpir un embarazo bajo los tres supuestos admitidos, pero ello no significa que exista ese derecho a decidir que deben ejercer las mujeres.
 
De hecho, según una encuesta realizada en 2010-2011, sólo 9 por ciento de la población urbana del país se opone a la despenalización del aborto y 68 por ciento está a favor.
 
Alianza por la Solidaridad trabaja desde hace 20 años en Bolivia apoyando actividades y encuentros para informar a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos, a fin de promover que puedan influir sobre las decisiones que toman las autoridades. Esta labor se realiza en colaboración con organizaciones civiles, entidades públicas y personas destinatarias.
 
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