Académicos de diversas instituciones exhortaron hoy al gobierno mexicano a respetar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado en 1981, en lo relativo a las garantías para las mujeres.
Durante el seminario internacional «Derechos de ciudadanía, responsabilidades del Estado: los retos de un mundo globalizado», exhortaron al Ejecutivo federal a reconocer el trabajo de las organizaciones civiles, a incluirlas en la creación de políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres y a crear espacios de participación política.
Los derechos humanos de la población femenina son violados impunemente en todo el mundo, aseguró la investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Nora Rabotrikof, durante el foro que reunió a representantes de grupos civiles de 18 países del mundo.
La académica indicó que a pesar del trabajo de las organizaciones no gubernamentales, el derecho a la vivienda, la educación, la seguridad social, la ciudadanía y el empleo son erosionados por intereses de Estado pues para los gobiernos «es más importante pagar la deuda externa que asumir su responsabilidad de garantizar los derechos de las mujeres».
La también investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) advirtió que las nuevas relaciones de mercado basadas en la competencia, y donde la población femenina tiene poco margen de rivalidad, dado que socialmente son concebidas como débiles y vulnerables, son «una amenaza constante para los derechos humanos de las mujeres».
Juan Manuel Ramírez, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señaló que ante la sistemática violación de los derechos económicos, sociales y culturales, las mujeres son «ciudadanas imaginarias» cuyo reconocimiento pleno como personas con derechos y obligaciones «estamos muy lejos de lograrlo».
En su turno, el investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Carlos San Juan, advirtió que la justicia social «está en franco retroceso en la mayoría de los países», ya que desde 1789 los derechos humanos de la llamada «primera generación», los civiles y políticos, siguen siendo una utopía para las mujeres.
MM/RGR
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