Inicio Revictimizan instituciones a mujeres migrantes

Revictimizan instituciones a mujeres migrantes

Las mujeres migrantes centroamericanas que son víctimas de delito –como secuestro o violencia extrema– en México, son revictimizadas por las instituciones públicas y no hay autoridades que se encarguen de su atención, se afirma en la investigación “Mujeres transmigrantes”.
 
Ellas son recluidas en estaciones migratorias para su repatriación o bien –se afirma– como un mecanismo de alojamiento para el proceso judicial que deben enfrentar, y en algunos casos son enviadas discretamente a los albergues que operan asociaciones civiles, siendo éstas las que terminan haciendo la tarea que corresponde al gobierno.
 
Pues el Estado, se añade, no tiene disposiciones adecuadas  para la protección de los Derechos Humanos (DH), el apoyo económico, el seguimiento jurídico y el proceso de recuperación de las mujeres migrantes que son perseguidas o violentadas sexualmente, afirman investigadoras de este proyecto coordinado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.
 
Se asegura que las autoridades policiacas, militares y administrativas como las del Instituto Nacional de Migración (INM), “refuerzan” en la zona sur de México el miedo de las mujeres migrantes víctimas de delito para acceder a la justicia, debido a que no cuentan con procedimientos adecuados para su tratamiento.
 
“No hay medidas de reparación del daño y las mujeres están sujetas a medidas de orden testimonial muy similares a las que se aplican en los procesamientos de los culpables”.
 
Se señala que en los últimos años, en entidades como Oaxaca, Tabasco y Veracruz, las bandas delictivas se han incrementado, principalmente en las localidades cercanas a las vías del tren, lo cual generó la presencia de más elementos policiacos, sin embargo esta situación ha disparado los delitos contra la población migrante e incluso también con habitantes de las comunidades.
 
La incapacidad de las instituciones policiacas competentes de contrarrestar la actividad y el control del territorio por parte del crimen organizado es tal, que uno de los aspectos más notables es el no poder combatir la práctica de los secuestros masivos, al mismo tiempo que es “sumamente preocupante” los continuos señalamientos sobre la complicidad de las autoridades con las bandas del crimen organizado, precisa la investigación.
 
Se indica que en los tres niveles de gobierno no existen políticas públicas que defiendan y protejan los derechos de mujeres y hombres migrantes: “Las autoridades migratorias de manera sistemática obvian  informar a las personas aseguradas que han sido víctimas de agresiones o bien su derecho a ser sujetos de protección migratoria”.
 
Un ejemplo de lo anterior es que de acuerdo con la ley, en México, la verificación del estatus migratorio sólo puede ser realizado por agentes del INM y por la Policía Federal –y por otras instancias si el INM lo solicita por escrito–.
 
Sin embargo, en la práctica, personal del Ejército, policías estatales, judiciales o sectoriales, guardias de seguridad privada que trabajan en ferrocarriles, e incluso hasta bomberos, participan en la verificación migratoria de mujeres y hombres, y no obstante a las denuncias  de  migrantes y organizaciones defensoras no hay ninguna sanción para los responsables.
 
Asimismo se añade que en el caso de los secuestros de mujeres migrantes sobrevivientes, si bien la atención se limita a la posibilidad de que se les gestione una visa humanitaria, al momento de ser atendidas no se les aplica el protocolo de atención requerido que garantiza el apoyo en situación de crisis, para su recuperación y  la creación de condiciones para  el acceso a la justicia y la reparación del daño.
 
“Generalmente las mujeres son recluidas en una estación migratoria, es decir una cárcel que no es un ambiente apropiado para  procesar los traumas, sufrimientos, o pérdidas que sufren como consecuencia de las agresiones de las que son objeto, y tampoco se les proporcionan apoyos para resolver sus necesidades básicas materiales, emocionales y afectivas”.
 
Igualmente, en la investigación se advierte que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuenta con competencias muy limitadas para poder hacer frente, desde la perspectiva de los DH, a los atropellos que constantemente se cometen contra mujeres y hombres migrantes.
 
Se agrega que “a veces” personal de la CNDH logra resolver  situaciones puntuales como detener el procedimiento de conducción de mujeres migrantes, que no obstante a que presentaron una denuncia por actos de violencia, no habían sido informadas de su derecho a la protección migratoria.
 
Por lo tanto, ante los constantes episodios de violación a los DH de las migrantes, la CNDH sólo se ha limitado a subrayar que las autoridades están obligadas a realizar su trabajo bajo el cuidado y protección de la integridad y dignidad humana.
 
Finalmente se concluye  que una de las alternativas para reducir las agresiones y violencias contra la población migrante, en particular las mujeres y para garantizarles el acceso a la justicia, es necesario que los funcionarios revisen críticamente sus concepciones “xenófobas y sexistas”, y dispongan de sensibilidad y herramientas para llevar a la práctica, políticas, planes y programas que respeten y protejan los derechos de las mujeres migrantes.
 
12/EVM/RMB

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles. Acepto Leer más

Skip to content