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Revisarán casos de 17 salvadoreñas presas por abortar

Por la Redacción
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A casi dos meses de que la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador exigió la libertad de 17 mujeres presas injustamente por abortar y condenadas por el delito de agravio comparado, la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) del país centroamericano se comprometió a verificar los casos.
 
Lo anterior luego de que ayer las integrantes de la Agrupación presentaran ante la PDDH los casos de 17 mujeres encarceladas por acusaciones de aborto, algunas de ellas condenadas a penas de hasta 40 años de prisión y la mayoría acusadas por prestadores de servicios de salud.
 
El titular de la dependencia, David Morales, se comprometió a iniciar una verificación institucional de los casos, de lo cual podrían desprenderse algunas recomendaciones.
 
De acuerdo con la prensa local, el funcionario reconoció que en El Salvador hay “precedentes de que el sistema judicial puede generar errores o fallar y condenar mujeres inocentes”, por lo que no se descarta “que en estos podrían estar pesando prejuicios y criterios discriminatorios de los juzgadores”.

Asimismo reconoció ante las activistas que desde hace varios años el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al Estado salvadoreño que revise la legislación en la materia, ya que la instancia internacional considera que la penalización total del aborto violenta los acuerdos internacionales por los derechos de las mujeres.

Cabe recordar que la Agrupación Ciudadana solicitó formalmente desde el pasado 1 de abril aplicar la Ley Especial de Ocursos de Gracia, que permite que la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el presidente Mauricio Funes, concedan el indulto a 17 mujeres que fueron acusadas de aborto, pero que al final fueron condenadas por homicidio agravado.
 
Hasta el día de hoy no hay una respuesta oficial sobre la solicitud presentada ante el Parlamento salvadoreño.

De acuerdo con la información recopilada por la Agrupación, estas salvadoreñas llegaron desangrándose a consecuencia de un embarazo espontáneo a instancias públicas de salud en busca de ayuda médica, pero en lugar de ello las autoridades las denunciaron, acusaron y procesaron, sin que ellas contaran con el apoyo legal apropiado para ser escuchadas y defenderse adecuadamente.
 
Cabe recordar que desde 1998 El Salvador es uno de los cinco países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones. La criminalización de las mujeres por abortos, incluso espontáneos, se agravó en ese año cuando, para dar cumplimiento a esta ley, se estableció un aparato de persecución judicial para denunciar, investigar y procesar cualquier actividad sospechosa de aborto en hospitales públicos y otros lugares de salud pública del país.

Según datos de la Agrupación Ciudadana, entre 2000 y 2011 al menos 129 mujeres fueron acusadas de aborto, de las cuales 29 están encarceladas; además se estima que al año se llevan a cabo 35 mil 89 abortos inseguros.
 
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