La senadora Rosario Ibarra de Piedra se comprometió a «luchar a brazo partido» para defender el caso de los 65 mineros fallecidos hace un año en la mina número 8 de Pasta de Conchos, luego de recibir el expediente del caso, entregado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) a las familias en enero pasado.
En el auditorio de la Universidad de Coahuila en esta cuidad, y previo a la caravana hacia la mina Pasta de Conchos para el memorial, la senadora subrayó que hay muchos casos de impunidad en México y recordó lo ocurrido en Atenco, Oaxaca, Acteal, El Charco, El Bosque y Aguas Blancas. «Son interminables los agravios que hemos recibido mexicanas y mexicanos», dijo.
Sin embargo afirmó que en el caso de los mineros de Pasta de Conchos, en la zona carbonífera de Coahuila, hay una enorme protección hacia los dueños de las concesiones y una gran negligencia criminal de las autoridades, ante la «codicia por obtener a costa de las vidas de los trabajadores, toda la riqueza».
En ese sentido, dijo emocionada a las viudas y las familias que «luchará a brazo partido por que se haga justicia, tengo que hacerle entender a la gente cómo deben ser las cosas». Sé a lo que se enfrentan las esposas, madres, hijas y hermanas de los mineros desaparecidos hace un año exactamente cuando explotó la mina de carbón, dijo.
La senadora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, apuntó enérgica que es necesario terminar con esa «terrible mala fe de los que actúan con negligencia; son muchos las y los trabajadores que han muerto ante las miradas impasibles».
Por su parte, Elvira Martínez Espinoza, una de las viudas de Pasta de Conchos, aseguró: «Lo que pedimos no está fuera de la ley, queremos que esto cambie, queremos un cambio en la región carbonífera, ya sufrieron 65 personas no queremos que vuelva a suceder».
Con aplomo, la joven viuda y madre de tres hijos expuso que en la región conocen que lo ocurrido el 19 de febrero de 2006 en la mina de carbón de Pasta de Conchos no debió ocurrir, «no fue un accidente».
Martínez Espinoza también demandó castigo justo «por nuestros hijos, no sabemos qué futuro van a tener, vivimos en una región de carbón; por ellos, por los que ya se quedaron ahí y por nuestros hijos, pedimos seguridad» y demandó terminar con la impunidad con la que las empresas concesionarias de las minas en la región actúan.
344 FOJAS DE INJUSTICIA
La senadora recibió de manos del abogado Manuel Fuentes Muñiz el expediente de mil 344 fojas para que se puedan tomar medidas ante las omisiones y negligencias de los ex secretarios del Trabajo, Carlos Abascal y Francisco Salazar, así como de otras instancias como la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El abogado laboral explicó algunas de las irregularidades que están incluidas ya en el expediente, en donde se explica que desde julio de 2004 se realizó la primera inspección, cuyo dictamen se tardó 12 meses en ser entregado.
Sostuvo que, de acuerdo con los datos de la STyPS, se puede establecer que hay una serie de omisiones por la falta de personal de la dependencia federal para realizar las inspecciones en las minas.
«En noviembre de 2005, tres meses antes de la explosión, cuatro inspectores en ciudad Sabinas solicitaron al director general de inspección que les diera trabajo, porque desde abril no realizaban ningún trabajo», apuntó.
Refirió que el expediente, que en principio les fue negado a las familias, «deja en evidencia cuál es la actitud del gobierno federal al no llevar a cabo medidas para prevenir accidentes de trabajo. Uno se puede percatar que no le interesan las vidas de los mineros, pues un año después la zona carbonífera sigue contando con un solo inspector».
Apuntó que tanto Salazar como Abascal, ambos ex funcionarios de la administración foxista, habrían incurrido en irregularidades «muy graves» y no están siendo investigados, pese a que la Ley Orgánica de la STyPS los responsabilizaba por no vigilar el rezago permanente en esa dependencia.
Recordó lo dicho por Abascal, también ex secretario de Gobernación, quien señaló en 2003 que la mejor manera era «autoinspeccionar las empresas con inspecciones de buena fe». Ahí están los resultados.
También el IMSS está obligado, de acuerdo con su Artículo 82, a realizar investigaciones y tomar medidas preventivas para evitar riesgos, cosa que no realizó. Por eso, al igual de la Secretaría de Economía, incurrió en graves omisiones.
INVESTIGACIÓN ALTERNA
Por su parte, el ex legislador federal Jesús González entregó a la senadora Ibarra de Piedra una copia de una investigación alterna realizada por diputados del PRD, PT y Convergencia, donde coinciden en la negligencia empresarial y la omisión de las autoridades responsables.
En el mismo evento, el equipo nacional de Pastoral Social, presentó el video «Pasta de Conchos: una tragedia que debió evitarse», en el que presenta testimoniales de viudas, madres y hermanas sobre cómo han enfrentado la tragedia, sus principales demandas, así como testimonios de ex trabajadores de la mina Pasta de Conchos que hablan sobre las malas condiciones de seguridad que, a la postre, derivaron en una explosión y la muerte de 65 mineros.
En Pasta de Conchos, luego de la Caravana, el Equipo Nacional de Pastoral Laboral entregó a las familias un primer informe realizado por este organismo sobre la situación de la mina, cuya concesión debió ser cancelada a Industrial Minera de México desde el año 2000.
El documento señala que, «de acuerdo a la cronología presentada en este informe, la empresa no cumplió con las medidas emplazadas, y prefirió pagar 580 pesos de multa, año con año, antes de corregir las anomalías que provocaron inseguridad y la muerte de 65 trabajadores».
En Pasta de Conchos, añade, se ratifica la «negligencia histórica» y existen evidencias que prueban que Minera de México no aprende la lección, pues los rescatistas y quienes están reparando la mina número 8 lo siguen haciendo en las mismas condiciones.
Cristina Auerbach Benavides, del equipo de Pastoral Laboral, dijo que la empresa ganó entre enero y septiembre de 2006 más de mil millones de dólares y otorgó 750 mil pesos a 64 de las 65 viudas como parte de una ayuda humanitaria, en tanto cada uno de los mineros que ahí laboraban obtenían apenas 700 pesos de sueldo semanal.
Es decir, «un trabajador ganó 22 mil 500 pesos, apenas frente a la millonaria ganancia de Industrial Minera de México»? «Queda claro que los mineros están frente a la explotación laboral y que la empresa no es «la madre Teresa de Calcuta».
07/SJE/GG/CV
