Al respecto, precisó que el doctor Córdova sólo ha manifestado que se recurrirá a prestadores privados, con lo que se incurre otra vez en una violación de la Ley General de Salud, que especifica explícitamente en los artículos 71 bis 5, 9 y 10 que sólo pueden prestar servicios al Seguro Popular las instituciones públicas de salud.
La secretaria de Salud del gobierno de López Obrador recordó que autoridades del IMSS y del ISSSTE declararon repetidamente, durante 2006, que no pueden firmar convenios generales con el Seguro Popular dada la sobrecarga de demanda que tienen de sus propios derechohabientes. «Si ahora accedieran a firmarlos se puede suponer que se debe a la falta de conocimiento de los nuevos directivos sobre estas instituciones y sus problemas», afirmó.
SIN MEDICAMENTOS
Asimismo, Asa Cristina Laurell estableció que las dificultades para cumplir lo prometido en el Seguro Popular incluyen la falta de abasto de medicamentos en las unidades médicas donde se prestan los servicios. «Recordemos que el abasto de medicamentos fue una de las «prioridades presidenciales» del sexenio foxista que nunca se cumplió por la complejidad que entraña. Incluso se llegó a gastar entre 30 y 50 por ciento de los recursos del Seguro Popular para alcanzar esta meta, pero sin resultados satisfactorios».
Ahora, su sucesor vuelve a hablar de esta meta, a través del «Compromiso para Establecer una Política Nacional para Garantizar la Suficiencia, Disponibilidad y Precio Justo de los Medicamentos», firmado por el gabinete en pleno, legisladores panistas, secretarios estatales de salud y muchos empresarios.
Laurell hizo énfasis en que ese gran despliegue mediático y de las «fuerzas vivas» parece guardar una relación inversa con el contenido del Compromiso, «que es una carta de buenas intenciones con muy poca sustancia efectiva».
Asa Cristina Laurell subrayó que en la mencionada disposición no se delinean siquiera los rasgos principales de una política farmacéutica para este sexenio, y tampoco se abordan las cuestiones más complejas, como son el mercado oligopólico de distribución y venta.
«Este problema, insistió, implica también evaluar la falta de autosuficiencia productiva nacional, incluso de los medicamentos y vacunas de uso generalizado; el alto costo de los medicamentos con patentes vigentes; la prescripción racional de los medicamentos, eliminando la propaganda avasalladora de la industria farmacéutica; las reglas éticas de los ensayos clínicos de medicamentos en población mexicana, entre otros», refirió.
Denunció que una medida privatizadora del gobierno ilegítimo de Calderón consiste en subrogar el abasto de medicamentos en las instituciones públicas a las farmacias, a proveedores al mayoreo y a la industria farmacéutica.
Mencionó que dicha propuesta se viene promoviendo para el Seguro Popular desde la Secretaría de Salud con otro Acuerdo Secretarial publicado en el Diario Oficial el 16 de noviembre el año pasado. «Habría que advertir que esta solución a un problema muy sentido por la gente y crítico en la prestación de servicios médicos, lejos de resolver las prácticas monopólicas puede fortalecerlas con el tiempo. Por la misma razón, no está claro que podría desembocar en precios «justos» de los medicamentos», advirtió.
INÚTILES CARAVANAS
En otro tema, Asa Cristina Laurell mencionó que las 300 Caravanas de Salud como remedio a la creciente presencia de enfermedades crónicas entre las y los mexicanos y a la falta de servicios son un desacierto; «son la repetición de las unidades móviles, aumentadas y propagandizadas, que pueden ofrecer servicios a la población sólo algunos días al año o durante el sexenio. Tenemos decenas de miles de localidades sin servicios de salud en el país. Las unidades móviles no permiten dar seguimiento a los pacientes con enfermedades crónicas que es crucial en estos casos», aseguró.
Por último, subrayó que Córdova Villalobos ha dado «muestras de sus prejuicios políticos e ideológicos por encima del conocimiento médico. Ha corregido, pero están en zona de riesgo las campañas de prevención de VIH/Sida y los derechos sexuales y reproductivos».
07/GG
