Desde hace veinte años, en el Sanatorio Español de la Ciudad de México (SE) dos sindicatos, uno el Sindicato Nacional de Hospitales y otro de la CTC, han compartido la titularidad de un solo Contrato colectivo de trabajo. Esta irregular composición sindical, única en el país, fue impuesta por el gobierno de Salinas de Gortari y su artífice, el desparecido Arsenio Farell Cubillas, en una intentona para acallar la libertad sindical de ese centro hospitalario.
En los meses recientes las y los trabajadoras del SE, un 70 por ciento mujeres, han decidido terminar con este ilegal insensatez laboral. Demandaron ante las autoridades laborales del DF el reconocimiento de su Sindicato como el único titular del Contrato colectivo y exigieron la celebración de un recuento sindical para resolver este diferendo. Éste se celebró el pasado 30 de abril, mediante voto secreto, resultando 878 contra 7 votos a favor del sindicato reclamante. Ahora se está a la espera que se emita un laudo que confirme la decisión mayoritaria.
A dos décadas de iniciado el conflicto, es necesario realizar un balance de lo sucedido y reflexionar sobre los costos de un manejo inadecuado en las relaciones laborales de ese centro de trabajo.
Todo comenzó en la revisión contractual de febrero de 1988 que dejó insatisfecha a la base trabajadora. El primer error lo cometió el Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Sanatorio Español, organismo independiente que durante 30 años administró el Contrato colectivo, ya que en lugar de transparentar la información a sus representados de las dificultades de la revisión, dio la espalda a la mayoría de la comisión revisora y se enfrentó a ellos.
Las protestas no se dejaron esperar en contra de los dirigentes sindicales y la empresa, para intentar acallarlas, despidió a 41 trabajadoras y trabajadores, varios de ellos integrantes de la comisión revisora y representantes departamentales. Ese fue uno de los errores más grandes de la empresa porque el conflicto lo dimensionó sin control.
Las y los trabajadores decidieron continuar con las protestas y destituyeron a la asesoría jurídica sindical que los orientaba. En Asamblea general fui designado, junto con Rosalío Hernández Beltrán, como asesor del movimiento. Esto alarmó más a la empresa por la presencia de asesores independientes, decidiendo entonces enfrentar al conjunto de las y los trabajadores contratando los servicios de la CTC, una central con raíces en el Estado de México, que se había caracterizado por la confrontación violenta contra sus opositores.
La misión encomendada a la asesoría era difícil porque el ambiente laboral estaba enrarecido y no había manera de conciliar a las partes. Los despidos se habían incrementado y otros 21 trabajadores habían sido mandados a la calle como respuesta a los reclamos. El discurso era la confrontación y no se encontraba ninguna solución a la reinstalación de los despedidos. Fue entonces cuando la asamblea decidió emplazar a huelga para que la empresa se sentara a negociar. La respuesta la obtuvimos rápidamente de la autoridad laboral: nuestra petición fue rechazada y se archivó el expediente como asunto concluido.
Fue el 22 de junio de 1988 en que apareció de la nada la CTC y demandó la cancelación del registro sindical del sindicato independiente. Fue evidente que la empresa estaba atrás de esta acción para anular con un simple trámite jurídico las protestas de los trabajadores. La Secretaria General del Sindicato independiente, que estuvo cuestionada por los trabajadores por su lejanía con ellos, ni siquiera se presentó a la audiencia aduciendo que le habían robado la toma de nota y estatutos para defender a su organización. Después gozó de una extraña licencia con goce de salarios por tiempo indefinido y ya no se presentó a dar la cara a sus representados.
Después la CTC logró, sin recuento de por medio, la titularidad del Contrato colectivo y se erigió como nuevo representante de los trabajadores del SE. Parecía que el conflicto había terminado, pero no fue así.
Los y las trabajadores del SE continuaron las protestas por toda la ciudad. Los uniformes blancos de las enfermeras se habían convertido en un símbolo de resistencia. La empresa ya no sabía como detener el problema que se le había salido de las manos; solo atendía el Consejo de sus asesores que a la antigüita le proponían la confrontación como solución.
La muestra de la insensatez se dio el 28 de junio de 1988 cuando fueron agredidas 350 trabajadoras y trabajadores al realizar una protesta pacífica frente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF. El mayor contingente era de mujeres, quienes llevaban a sus hijos de la mano. A una calle de ese lugar aparecieron cerca de 150 sujetos que con una lluvia de piedras y palos arremetieron contra las y los manifestantes.
Varios trabajadores quedaron heridos de la agresión. A pesar de que la policía estaba cerca del lugar ni siquiera se metió. Recuerdo que esa tarde fuimos a la Secretaría de Gobernación pero no obtuvimos respuesta; la impunidad campeaba.
El 30 de junio de 1988, ante las agresiones físicas y legales recibidas, las y los trabajadores llevaron a acabo un paro de labores sin suspender la atención de los pacientes. Ya en ese momento las relaciones con la empresa estaban totalmente rotas. Surgieron hasta denuncias penales para 64 trabajadores y los dos asesores.
Fue entonces cuando las y los trabajadores decidieron solicitar el apoyo de la CROC para enfrentar a la CTC. Se demandó la titularidad del Contrato colectivo ante la JLCA y ésta ordenó un recuento de varios días. Este recuento fue abierto, impidiendo el voto secreto, buscando intimidar a los trabajadores; pero no resultó. La CROC había triunfado sobre la CTC; sin embargo a pesar de este resultado el 23 de diciembre de 1988 la autoridad laboral local impuso un remedo de laudo para que las dos centrales compartieran la titularidad.
Ahora el Sindicato Nacional de Hospitales, que dirige Patricia Méndez, ha decidido acabar con ese artilugio que se aplicó en el pasado con violencia y sin razón.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. [email protected]
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