Inicio Se abre “esperanza de justicia” para las mujeres de Acteal

Se abre “esperanza de justicia” para las mujeres de Acteal

Por Anayeli García Martínez

A 13 años de la masacre de Acteal, Chiapas, perpetrada el 22 de diciembre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso, con lo que se “abre una esperanza de justicia para las mujeres”.

Así lo dio a conocer Martha Figueroa Mier, presidenta del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, quien se hizo cargo de 28 menores de edad que quedaron huérfanos, luego del asesinato de 45 indígenas tzotziles, de los cuales 19 eran mujeres –cuatro de ellas embarazadas– 14 niñas, cuatro niños, ocho hombres y 26 heridos.

De los 29 informes de admisibilidad, que la CIDH aprobó durante su 140 Período de sesiones, dos son de México, uno por la presunta desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera y otro por la masacre de Acteal.

Éste último caso, admitido el pasado 11 de noviembre, cuando el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la organización civil Las Abejas, fueron notificadas de la admisibilidad del Informe 146/10 “Manuel Santiz Culebra y otros Masacre de Acteal”, que se aceptó a casi seis años de haber interpuesto la petición.

En entrevista con Cimacnoticias, la también abogada señaló que desde hace tiempo ya se esperaba esta resolución, sin embargo fue tardía; aún así señaló que es una esperanza de justicia para las mujeres asesinadas y para las más de 70 víctimas sobrevivientes de los hechos.

Recordó que el próximo mes se cumplirá un aniversario más de la masacre presuntamente perpetrada por paramilitares, pues de acuerdo con el Frayba, fue un grupo de más de 100 hombres con machetes, cuchillos y armas de fuego, algunas de ellas de uso exclusivo del Ejército, que entraron a Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.

Tras rodear el lugar, iniciaron el fuego contra quienes ahí se encontraban dentro y fuera, muchos de las y los indígenas alcanzaron a salir y esconderse, otros más ya no pudieron hacerlo y fueron masacrados por los paramilitares.

La también feminista coincidió con el Frayba al señalar que es lamentable que el Estado mexicano continúe sosteniendo la tesis del conflicto entre comunidades, cuando lo ocurrido fue una masacre.

A decir de Figueroa Mier, este es otro caso que llega al sistema interamericana a poner en evidencia el desdén por los derechos humanos de las mujeres, como ya sucedió con el caso de feminicido en Ciudad Juárez y las violaciones sexuales de dos indígenas tlapanecas y de tres hermanas tzeltales.

En este último caso, en octubre pasado, el gobierno chiapaneco ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas, tras 16 años de haber sido violadas sexualmente por militares. Por ello la abogada dijo “ojalá no suceda lo mismo con Acteal y se quiera arreglar con una mal llamada solución amistosa.

Para que las víctimas de los hechos ocurridos en Chiapas hace 13 años obtengan justicia se tienen que ver los pendientes, la militarización, la violencia contra las mujeres, la impunidad, las políticas genocidas y la falta de garantías para que las comunidades indígenas ejerzan sus derechos, afirmó Figueroa Mier.

De acuerdo con ella no hay duda de que el Estado mexicano violentó derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo es probable que el Estado no acepte su responsabilidad.

Afirmó que este caso aún permanecerá en la CIDH por un largo tiempo mientras se estudian los elementos aportados por los peticionarios y aquellos aportados por el Estado mexicano para después pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Por último señaló que las resoluciones de este organismo internacional podrían resarcir el daño a las víctimas y hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se retracte por la decisión que emitió el 12 de agosto de 2009, cuando liberó a 20 inculpados de la masacre.

Figueroa Mier consideró que el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y no pretender reparar el daño con 50 mil pesos porque –dijo– los involucrados quieren la moneda de la justicia.

10/AGM/LR/LGL

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