Entre el 2000 y el 2008, en Veracruz, murieron 62 mujeres por aborto, lo que ubica a esta entidad en el cuarto lugar nacional en este tipo de defunciones, sólo después del Estado de México, el Distrito Federal y Chiapas; pese a estos datos, el Congreso local Veracruzano pretende aprobar una iniciativa de reforma constitucional para proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, con lo que la entidad se convertiría en la número 16 en todo el país en modificar su legislación para este fin.
Diversos grupos en favor de los derechos de las mujeres consideran que la penalización del aborto no es la solución para resolver el problema de salud que implica la interrupción del embarazo, sino una violación a los derechos de las mujeres que intentan decidir sobre su propio cuerpo, y una incongruencia por parte de las autoridades que buscan los avances del género femenino mediante políticas públicas fallidas e incompletas.
En esto coinciden activistas sociales y defensoras de los derechos de las mujeres, así como defensoras de los derechos reproductivos de la población pertenecientes a diversas organizaciones que ven en la iniciativa antes mencionada un riesgo en Veracruz y en el país.
Actualmente son 16 las entidades que han aprobado leyes de protección a la vida desde el momento de la concepción/ fecundación; lo que mueve la polémica sobre si esto podría llegar a modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si dos entidades más aprueban sus propias legislaciones antiaborto.
La tendencia a modificar la Carta Magna que rige la vida del país ha aumentado por el envío de una iniciativa para reformar sus artículos primero y cuarto que hará el Congreso veracruzano; de ser aceptada, se protegerá la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, asunto que aún discuten las y los diputados y la sociedad civil en la entidad.
El cambio en la Constitución mexicana generaría de inmediato una regresión en la aprobación de la ley en favor de la interrupción legal del embarazo (ILE) que se llevó a cabo hace cerca de dos años en el Distrito Federal, la cual permite a las mujeres de la Ciudad de México abortar si lo solicitan dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
De acuerdo con información de diferentes grupos de activistas en esta materia, Veracruz, junto con otras tres entidades, concentra 60 por ciento de las muertes maternas; de esta cifra, la tercera causa es el aborto inseguro o mal practicado.
Esta situación deja en la indefensión a las mujeres, además de que representa una inequidad para ellas, pues se les cataloga como habitantes de primera y de segunda dependiendo de la entidad en que vivan: unas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y abortar; otras se encuentran imposibilitadas para ello.
ALZAN LA VOZ GRUPOS FEMINISTAS
Con la intención de frenar la aprobación de la reforma constitucional al artículo cuarto de la carta magna local, grupos de mujeres, entre las que se encuentran las asociaciones civiles Xochiquetzal, Equifonía, Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres (CIDEM), Haceres, Colectivo Feminista de Xalapa y la Red de Mujeres Comunicadoras «Las Muchas», han iniciado una campaña no sólo de protesta, sino de recabación de firmas y envío de cartas a los diputados locales.
El «escándalo» que se ha generado al conocerse los dos dictámenes veracruzanos para reformar las constituciones federal y local ha ocasionado que la discusión de estas iniciativas se pospongan prácticamente una semana, ya que en estos días se llevará a cabo el quinto informe de gobierno de Fidel Herrera Beltrán y tanto los diputados del Partido Revolucionario Institucional como el Ejecutivo local no quieren que manifestaciones públicas interrumpan sus actos oficiales.
«La situación es indignante», expresó Aracely González Saavedra, integrante de la asociación civil Xochiquetzal, que trabaja en favor de los derechos reproductivos y la salud sexual de las mexicanas, e indicó que estas iniciativas y sus aprobaciones son mensajes de los grupos fundamentalistas del país que buscan mantener a raya el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Insistió en que mantener penalizado el aborto únicamente implica «más muertes de mujeres», quienes a pesar de la prohibición buscan interrumpir embarazos no deseados muchas veces en condiciones insalubres que provocan padecimientos severos, los cuales llevan a la infertilidad o a la muerte por infecciones o hemorragias.
Añadió que la penalización del aborto representa una desventaja para las mujeres de las clases económicas más bajas, quienes tienen que buscar todos los medios a su alcance para interrumpir un embarazo cuando las mujeres de clases más altas tienen acceso a legrados en clínicas, no siempre clandestinas, con costos que oscilan entre los siete mil y los nueve mil pesos por procedimiento.
«Esto es una discriminación por ser mujeres y pobres», expresó la activista social, quien insistió en que ahora, en Veracruz se tiene que ver «cuál es el mensaje que va a dar el gobierno del estado cuando hace poco tiempo se aprobó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y fue creado, por esta misma administración, el Instituto Veracruzano de las Mujeres».
De acuerdo con González Saavedra, se han documentado en los últimos años al menos seis casos de mujeres que se encuentran encarceladas porque fueron denunciadas por abortar, mientras que, en ocasiones, sus médicos y sus parejas no corrieron la misma suerte
Tres de estas mujeres son originarias de la sierra del estado; una más es de la zona norte y de las dos restantes no se tienen más datos.
A su vez, Monserrat Díaz, integrante del Colectivo Feminista de Xalapa, insistió en que este es el momento de garantizarles a las mujeres su verdadera ciudadanía, permitiéndoles de manera definitiva la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo y su reproducción.
Señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege ese derecho al permitir que cada quien decida libremente la cantidad y el espaciamiento de las hijas e hijos que desea tener.
La activista dijo que el problema de que estas iniciativas para «proteger la vida desde la concepción» sean aprobadas es que siempre se les da un manejo informativo sesgado, pues se habla del aborto y de «la muerte de un bebé nonato», pero no del derecho que tienen las mujeres a decidir, por lo que la carga emotiva es mayor que la facultad de cada persona para tomar acciones sobre su propio cuerpo.
Indicó que, de acuerdo con encuestas que se han practicado en todo el país y, en particular, en la ciudad de México, donde ya se permite la interrupción del embarazo, la mayoría de las mujeres que han decidido abortar y lo han hecho son de religión católica, lo que se muestra que no es precisamente la población la que aprueba o desaprueba estas iniciativas, sino los grupos conservadores en el poder.
Monserrat Díaz explicó que en materia reproductiva «todas las mujeres tendrían algo difícil de contar»: la decisión de la maternidad, un embarazo no deseado o el trato que reciben por parte de médicos y enfermeras en el momento del parto, cuando en ocasiones se les imponen, sin su conocimiento, métodos anticonceptivos invasivos.
Añadió, además, que en algunas entidades, cuando se detecta a una mujer que ha decidido abortar y se le lleva a un procedimiento penal, no se les acusa de aborto, sino de homicidio, lo que conlleva penas más estrictas.
A su vez, Julia Pérez Cervera, directora general de Defensa Jurídica y Educación para Mujeres Vereda Themis, dijo que lamentablemente las mujeres mexicanas se encuentran en la indefensión y en manos de la clase política que las toma como botines electorales, ya que «en un sexenio nos quitan un derecho y en el siguiente medio nos lo devuelven», dependiendo del partido que llegue al poder y de la ideología que tenga el gobernante en turno.
Ante esto, consideró que se requiere que la sociedad civil organizada ejerza una presión directa e inmediata sobre las autoridades para que dejen de jugar con los derechos de las mujeres, ya que ellas «son utilizadas según interesa, según las campañas, según las tendencias del partido que gobierne, y parece que nunca vamos a poder ser personas sujetas de pleno derecho, con decisión sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Dependemos del aire que sopla».
La activista lamentó que en pleno siglo XXI a las mujeres se les siga tratando con cánones de la edad media al negárseles el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y elegir si interrumpen un embarazo no planeado y no deseado.
Pérez Cervera agregó que las autoridades y los grupos conservadores aprovechan las crisis económicas, de seguridad y de salud para «adormecer» la atención que presta la sociedad a temas como el derecho que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo.
El grupo Católicas por el Derecho a Decidir, en su representación veracruzana, insistió en que se deben de respetar los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y su reproducción, principalmente cuando son violadas, por lo que hicieron un llamado a respetar la ley y permitir los abortos en embarazos producto de violación cuando las víctimas así lo deseen.
Goreti Moreno y Anaís Palacios, representantes de Jóvenes Católicas por el Derecho a Decidir, insistieron en que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su sexualidad y su cuerpo, por lo que consideraron lamentable que «otras personas» –refiriéndose a las autoridades– intervengan contra el derecho que dan el Código Penal y el de Procedimientos Penales de Veracruz para abortar en casos de violación.
Ambas narraron el caso de una mujer indígena del norte de Veracruz, quien aunque padecía una incapacidad mental no pudo tener un aborto luego de que se comprobó que fue víctima de violación, a pesar de que la ley en Veracruz lo contempla y lo permite.
DENUNCIAS POR DICRIMINACIÓN
Por su parte, la integrante del Grupo Multisectorial VIH-SIDA Nicté Lakshmi Aguilar insistió en que «una vez más tendríamos que lamentarnos FR que se está volviendo a poner la vida y la salud de las mujeres en segundo término».
Señaló que se están violando todos los acuerdos internacionales firmados y ratificados por México para garantizar la protección y defensa de los derechos de las mujeres en contra de la discriminación, pues no existen medidas de este tipo contra los hombres.
Agregó que esta situación se sirve del hecho de que las propias mujeres no se organizan para exigir una política pública en contra de la discriminación a consecuencia de la desinformación y de la represión que ejercen los grupos conservadores en el poder.
Esto es un motivo suficiente, dijo, para que las mujeres demanden a las autoridades y, en especial, a quienes presentan estas iniciativas en sus congresos locales, pues al menos en el Código Penal de Veracruz se tipifica a la discriminación como delito en el artículo 196.
Tales denuncias, afirmó, podrían incluir al gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien presentó la iniciativa de protección a la vida desde el momento de la concepción en Veracruz, con la agravante de que es funcionario público.
DATOS ALARMANTES
Entre 2000 y 2008, en todo el país se reportaron 767 muertes de mujeres por abortos mal practicados, según cifras de la organización IPAS. En ese periodo, conforme a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en Veracruz murieron 62 mujeres por aborto, lo que ubica a esta entidad en el cuarto lugar a nacional en este tipo de defunciones, sólo después del Estado de México, el Distrito Federal y Chiapas.
Los números del Inegi indican que durante los últimos ocho años se hospitalizaron en la entidad 82 mil 868 mujeres a consecuencia de la interrupción del embarazo, cifra que año con año ha ido en aumento.
En la actualidad, solo en la ciudad de Xalapa, el costo de un aborto va de mil 200 a 12 mil pesos, dependiendo del método, lo que deja a las mujeres de escasos recursos la opción de recurrir a clínicas clandestinas donde no se garantiza su seguridad o su vida.
Un frasco de pastillas para inducir el aborto tiene un costo de entre 500 y mil 200 pesos, dependiendo de los medicamentos que se empleen, aunque en los mercados se pueden encontrar las pastillas Cytotec, que se venden hasta en 50 pesos cada comprimido, pero sin que se informe a las mujeres las condiciones de usa.
Los abortos más costosos, que se hacen en clínicas, van en costos de entre los 4 mil y los 12 mil pesos, dependiendo del lugar y prácticamente de la condición social de la mujer que acude a solicitarlo.
«YO ABORTÈ, FUE MI DECISIÓN»
«Yo aborté y no me arrepiento, fue mi decisión, aunque me hubiera gustado no haber tenido que hacerlo», expresó «Angélica», una mujer que a diez años de haber interrumpido su primer embarazo señaló que se necesita una mejor educación sexual para las y los jóvenes.
«Angélica», quien prefiere reservar su nombre, quedó embarazada a los 22 años, prácticamente recién egresada de la licenciatura y a unos días de titularse, mientras que su pareja continuaba estudiando, por lo que la perspectiva que tenían de darle al producto una buena vida eran muy bajas.
Además, esta mujer vivía en una relación de violencia, pues a su novio no le gustaba que ella trabajara, pues consideraba que él podía hacerlo para que ella se dedicara a las labores del hogar. Pese a esto, «Angélica» ni de vivir con su novio ni de tener un hijo, por lo que tomó la decisión de interrumpir el embarazo.
Así, probó los tés que recomiendan las hierberas, pero al no obtener resultados y estar cerca de los dos meses de embarazo, se decidió por las pastillas Cytotec.
«La compra de las pastillas fue lo más fácil, a pesar de que en ese entonces el frasco costaba como 500 pesos y yo no tenía dinero; hasta tuve que pedir dinero prestado, pero bueno, las compré, sin receta y en la primera farmacia que encontré», explica.
Añade: «me tomé las cinco pastillas que me habían dicho que tenía que tragarme juntas, por si las dudas hasta me tomé otra vez el té que me dieron las hierberas, pero pasaron los días y no pasaba nada», recordó.
Al no ver resultados, «me tomé dos frascos completos. ¿Cómo no me morí intoxicada? Porque tomé una pastilla tragada cada dos horas por dos días y para colmo me puse diez pastillas, así como me dijeron, y no había terminado el segundo día cuando yo empecé a sentir dolores».
Vino entonces un sangrado que duró dos semanas más, hasta que finalmente fue al hospital, donde le dijeron que tenía un aborto incompleto y que había que hacer limpieza. Pasó casi toda la noche en el Centro de Especialidades Médicas, donde la mantuvieron esperando hasta que pidió irse, porque tenía miedo que su familia se enterara.
El sangrado continuó varios días. Cerca de las 12 semanas de embarazo, era mínimo. Esto la llevó nuevamente al hospital, donde le tuvieron que hacer una limpieza porque, a pesar de no había ya embarazo, habían quedado restos que, le dijeron, pudieron haber generado una infección severa y la pérdida de la matriz.
A diez años de estos acontecimientos, «Angélica» insiste en que en el momento en que tomó la decisión de abortar fue un punto que definitivamente la marcó, por el que no le hubiera gustado pasar, pero fue lo mejor que pudo hacer.
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