Se deslindan de falta de protección a víctimas de la Narvarte

Los fiscales especiales para la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de Veracruz (FGE), René Álvarez, y Ricardo Nájera Herrera, de la Procuraduría General de la República (PGR), se deslindaron de las filtraciones de información sobre el asesinato de la activista Nadia Vera Pérez, Mile Virginia Martín, Yessenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril.
 
Al participar en una mesa de discusión en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ambos funcionarios dijeron que sus instituciones trabajan para proteger la labor de las y los periodistas, y por ello llamaron al gremio a denunciar cuando es víctima de alguna agresión.
 
Sobre el crimen perpetrado el pasado 31 de julio en la céntrica colonia Narvarte, en esta capital, Ricardo Nájera, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la PGR, negó que esta dependencia haya dado información confidencial a medios de comunicación.
 
Y es que el asesinato del fotorreportero y el feminicidio de las cuatro mujeres son investigados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pero grupos civiles y periodistas han denunciado que hay medios informativos que “criminalizan a las víctimas” debido a datos filtrados por las autoridades judiciales.
 
“De nuestra parte no se ha filtrado ninguna información porque nosotros no tenemos la parte primordial de la investigación. A estas alturas, el asunto ya no está nada más en una procuraduría, ya también forma parte de un proceso”, explicó el fiscal a Cimacnoticias, ya que hay un detenido en prisión por su presunta participación en el crimen.
 
Asimismo, Nájera Herrera señaló que todas las autoridades saben que difundir datos sensibles de una averiguación puede ser un delito.
 
“Nosotros tenemos la obligación de decir en lo que puede incurrir si alguien hace algún un tipo de filtraciones. Estamos conscientes de que todas las autoridades de procuración de justicia conocen sus obligaciones y sus derechos”, acotó.
 
Al ser cuestionado sobre las razones por las cuales la Feadle no atrajo la investigación del llamado caso Narvarte –que involucra a un periodista que sufrió agresiones y amenazas previas por parte de funcionarios del estado de Veracruz–, el fiscal explicó que el que no haya investigado no significa que no haya hecho nada, ya que colabora con las autoridades capitalinas, afirmó.
 
Además precisó que en todos los casos de agresiones a la prensa se inicia un acta circunstanciada, y que en 2013 Rubén Espinosa presentó una denuncia ante la Feadle (instancia que él encabeza desde apenas hace 25 días), por lo que se inició una averiguación previa, pero el “no quiso ratificarla, no quiso medidas de protección y no pidió ninguna otra cosa”, sostuvo Ricardo Nájera.
 
A su vez, José René Álvarez Márquez, fiscal especializado en Delitos Electorales y Atención de Denuncias Contra Periodistas y/o Comunicadores de la FGE de Veracruz, llamó a las y los reporteros a acercarse a la institución cuando sean agredidos, y además apuntó que hasta ahora la Fiscalía a su cargo tiene 34 denuncias al respecto.
 
Señaló que en el momento en que se presenta una denuncia, de acuerdo con el protocolo de actuación, se tienen que implementar medidas cautelares o de protección, lo que evita cualquier tipo de violencia contra las y los informadores.
 
“La experiencia que tenemos es que una vez que se presenta la denuncia, no han sido agredidos en cuanto al hecho denunciado”, observó.
 
Sobre el asesinato en la colonia Narvarte, el funcionario estatal señaló que el 14 de septiembre de 2013 Rubén Espinosa sufrió una agresión, pero cuando hablaron con el fotoperiodista éste les expresó la “desconfianza” que tenía hacia el gobierno de Veracruz, razón por la cual no denunció.
 
Álvarez Márquez agregó que las autoridades locales han realizado todas las colaboraciones solicitadas por la PGJDF. 
 
En tanto, Elia Baltazar, periodista y fundadora de la Red Periodistas de a Pie, y Omar Rábago, director del Centro de Comunicación Social (Cencos), convocaron a las autoridades a no dejar impunes éste y otros casos de reporteras y reporteros asesinados, desaparecidos o amenazados.
 
Baltazar expresó: “Creo que nuestro sistema de justicia tiene mucho que explicar”.
 
Cabe recordar que en Veracruz, en 2011, fue asesinada Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera policiaca del diario Notiver. Su cuerpo fue hallado en la zona conurbada del puerto de Veracruz-Boca del Río, el 26 de julio de ese año, dos días después de su desaparición.
 
Además el 28 de abril de 2012, en Xalapa –capital del estado– fue ultimada la periodista y corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez Pérez, quien fue encontrada en el baño de su casa, golpeada y con señas de estrangulamiento.
 
Además Rubén Espinosa Becerril y la activista cultural Nadia Vera Pérez se exiliaron de Veracruz para radicar en la Ciudad de México ante el clima de hostilidad y represión a los movimientos sociales, pero fueron asesinados junto con Mile, Yessenia y Olivia Alejandra.
 
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