Aunque la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) es legal en El Salvador, las mujeres de este país centroamericano no acceden a ella por la «discrecionalidad» de los servicios de salud para brindarla, y los trámites que se les imponen en caso de violación sexual.
La PAE es de fácil acceso para las mujeres en forma de anticonceptivos orales o inyectados en las farmacias sin necesidad de receta médica, pero en el sistema de salud pública la situación se dificulta, explicó una alta funcionaria de un centro público de salud salvadoreño, quien pidió el anonimato.
«El acceso a esos anticonceptivos en los hospitales nacionales y las unidades de salud del país es legal y se puede realizar, pero debido a los procedimientos rutinarios a los que son sometidas, las salvadoreñas no acceden a él», abundó.
La médica puso como ejemplo que la paciente debe especificar por qué solicita la PAE, y si argumenta violación sexual tiene la obligación legal de denunciar penalmente y la información entra a los sistemas de salud y judicial, lo que amedrenta a las víctimas y optan por no rendir declaración y no tener el servicio.
La funcionaria recordó que «la anticoncepción de emergencia funciona como un método anticonceptivo a ser utilizado en situaciones como relaciones sexuales sin protección, o en caso de violaciones con el fin de evitar un embarazo no deseado».
PROHIBICIÓN TOTAL
Desde 1997 en El Salvador está prohibido el aborto terapéutico. Ese año la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal y estipuló que la persona que provoque un aborto y quien se lo realice serán sancionados con dos a ocho años de prisión. Las y los profesionales de salud pueden alcanzar penas de entre seis y 12 años de cárcel, además de la inhabilitación profesional.
La interrupción del embarazo practicada en condiciones de riesgo es la segunda causa de muerte materna en esta nación centroamericana, que tiene la tasa más alta de la región, informó el Centro de Derechos Reproductivos (CDR).
La reforma de 1997 eliminó la posibilidad de evitar las sanciones penales cuando la vida de una mujer se encuentre en peligro, por un embarazo resultado de una violación o en caso de que el feto padezca malformaciones severas y previsibles.
Grupos salvadoreños por los derechos de las mujeres han denunciado que las autoridades judiciales suelen aumentar las penas hasta los 30 años de cárcel, al equiparar el aborto con el delito de homicidio agravado.
Hasta agosto pasado, en este país centroamericano se reportaron unas 70 salvadoreñas procesadas penalmente por aborto, según dijo a Cimacnoticias Mariana Moisa, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico.
En diciembre de 2004, tras el cabildeo de la Iglesia católica y la organización Sí a la vida, el Consejo de Salud de El Salvador indicó la necesidad de que la PAE se vendiera con receta, sin embargo la medida no prosperó y hasta la fecha el medicamento es de venta libre en todo el país.
MORALISMO
La funcionaria del centro de salud añadió que la entrega de la PAE a las pacientes en los servicios públicos queda a discreción de la dirección de las instituciones.
«Generalmente no se promueven debido a que hay mucha discrepancia moral entre si son abortivos o no, y con las reformas de la ley los profesionales de salud prefieren no generar polémica», advirtió.
Históricamente en El Salvador se conoce que la mayoría de los casos de violaciones sexuales contra las mujeres es cometida por sus propios familiares.
Según datos de la organización feminista Las Dignas, el 6 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años de edad reportó que en el transcurso de su vida fue violada por sus cónyuges o por otros hombres conocidos.
Así, las mujeres que sufrieron agresiones sexuales por parte de sus familiares evitan ir a las unidades de salud para solicitar la PAE y cubrir los requisitos de la denuncia penal, concluyó la médica.
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