Amnistía Internacional expresó su desacuerdo y preocupación ante el decreto No. 158 del gobierno salvadoreño, conocido como Ley Anti-Maras, debido a que contraviene la Constitución de la República, así como tratados internacionales.
En carta abierta, Amnistía Internacional comparte su desacuerdo con diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales de El Salvador contra esta ley, pues considera que suscita problemas por partir de premisas erradas al penalizar la apariencia de las personas y su ámbito social, afectando los derechos de libertad de asociación e igualdad ante la ley.
Cabe destacar que las «maras» o «truchas maras» son bandas delincuenciales de niños y adolescentes de Centroamérica responsables de diversos asesinatos y tráfico de armas, así como violación y tortura contra mujeres que se han extendido inclusive a México, en el estado de Chiapas.
En su carta pública, Amnistía detalla tanto artículos como decretos internacionales que viola el mencionado decreto, como lo es el artículo 144 de la Constitución salvadoreña, el que señala que una ley no puede «modificar o derogar lo acordado» en la Carta Magna, lo que significa que autoridades y jueces están obligados a respetarlos.
El tema de mayor preocupación para Amnistía Internacional es el tratamiento hacia menores que se da en esta ley, pues establece la posibilidad de aplicar leyes que corresponden a adultos, e incluso incluye a menores de 12 años a través de procedimientos especiales.
Amnistía Internacional hace un llamado las autoridades responsables a que se pronuncien a la brevedad posible y de manera definitiva sobre la cuestión de «constitucionalidad» de la Ley Anti-Maras a fin de que se derogue.
Para solucionar el tema de la violencia de las maras, dice AI, se debe comenzar con el análisis de las razones de fondo que la generan, incluyendo los problemas económicos, sociales, educativos, así como la falta de oportunidades y la disponibilidad de armas, pues mientras no se enfrenten estos temas fundamentales no se hará más que desperdiciar recursos y aumentar la población de las prisiones.
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