La Secretaría de Gobernación (Segob) obstaculiza la interrupción del embarazo en casos de violaciones sexuales, ya que ha pasado más de un mes desde que el Comité Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud aprobó el proyecto definitivo de la NOM-046-SSA2-2005 «Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención».
Así lo afirmó la perredista Maricela Contreras Julián, quien explica que esta Norma Oficial es la que obliga a las instituciones de salud a prestar este tipo de servicios.
La legisladora señaló que «Gobernación lo único que debe hacer es publicarla en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor y se pueda garantizar a las mujeres que requieren este tipo de servicios el respeto a sus derechos».
Quien preside la Comisión de Equidad y Género mencionó que el retraso de la publicación de la Norma no es nada alentador pues, «siempre han existido signos en el gobierno de Calderón de menospreciar los derechos de las mujeres y asumen posturas misóginas y discriminatorias cuando se trata de normas que las protegen; no vaya a resultar que después de la batalla que hemos dado para que se apruebe esta Norma, la derecha en el poder pretenda echarla para atrás por sus visiones moralistas».
La integrante del Sol Azteca en la Cámara de Diputados dio a conocer un oficio dirigido al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, mediante el cual le pide la inmediata publicación de la Norma y un informe sobre las razones a las que se debe el retraso de su publicación.
La NOM-046-SSA2-2005 obligaría a todas las instituciones de salud a prestar servicios de aborto en casos de violación, además de prescribir la pastilla de anticoncepción de emergencia y contar con médicos no objetores de conciencia para que presten el servicio.
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