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Seguimiento especial de la CIDH a situación de DH en México

Por la Redacción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en México, y anunció que hará un seguimiento especial a dicha situación en los próximos meses.

Al hacer un balance de su 140 período ordinario de sesiones, que comenzó el 20 de octubre y finalizó hoy, la CIDH expresó su complacencia por la aprobación de cinco informes de solución amistosa de casos de Argentina, Chile y México.

Sin embargo, en conferencia de prensa desde su sede en Washington, manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos en México, particularmente por el feminicidio, la violencia de género y los nuevos hechos graves de violencia registrados en los últimos meses.

Entre estos hechos, enlistó los asesinatos y secuestros, lo cual afecta especialmente a los migrantes; así como por la persistencia de la violencia contra las mujeres, que incluye torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual y doméstica, así como la situación de impunidad generalizada que rodea estos casos.

Ante este contexto, el organismo precisó que hará un seguimiento especial a la situación en México en los próximos meses.

MÉXICO ANTE LA CIDH

Información de este organismo señala que en el país se alcanzaron avances significativos en las reuniones de trabajo sobre el caso de presunta detención ilegal y tortura de Martín Godínez Jara, Candelario Flores Ávila, Pablo Ernesto Gómez y René Robles Trejo, a manos de funcionarios de la Policía Judicial del Estado de Nayarit.

También indica que el 1 de noviembre de 2010, la CIDH aprobó el Informe No. 164/10 de solución amistosa en el caso de tortura y privación ilegal de la libertad de Luis Rey García Villagrán. Mediante este acuerdo firmado entre las partes, el Estado mexicano reconoció las violaciones a los derechos humanos de las víctimas por parte de elementos de la Policía Judicial.

De igual manera, el 27 de octubre, la CIDH recibió al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, quien informó sobre las medidas adoptadas durante su administración en materia de derechos humanos.

Sabines Guerrero hizo hincapié en la reciente reforma a la Constitución local, mediante la cual se incorporaron a la Constitución local los derechos amparados por la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 4) y se dispuso la creación del Consejo Estatal de Derechos Humanos (Artículo 48).

DERECHOS DE LAS MUJERES

Por otra parte, la CIDH expresó su preocupación por la violencia sexual contra mujeres y niñas en Haití, y por la existencia de una práctica de desalojos forzados ilegales de los campamentos de desplazados internos, que tiene un impacto especial sobre mujeres, niñas y niños.

Por ello, recomendó al Estado haitiano adoptar un plazo de los desalojos hasta que un nuevo gobierno asuma sus funciones.

Asimismo, este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que ha recibido información sobre la persistencia en República Dominicana de normas y prácticas que privan del derecho a la nacionalidad a las personas de ascendencia haitiana, nacidas en dicho país.

Respecto a Perú, condenó la situación de impunidad que prevalece en la investigación de la esterilización forzada de la que fueron víctimas más de 2 mil mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Recordó que en el acuerdo de solución amistosa firmado el 10 de octubre de 2003, el Estado se había comprometido a individualizar y sancionar debidamente a los responsables, lo cual no ha sucedido.

Finalmente, la CIDH manifestó su preocupación por temas como la situación de los derechos de los niños con discapacidad; la dificultad del goce efectivo del derecho de los pueblos indígenas, la discriminación hacia las poblaciones afro-descendientes.

Además condenó la continuidad del feminicidio, la violencia doméstica en la región y la discriminación sistémica contra las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), así como la persistencia de los asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos.

10/AGM/LR/LGL

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