Por cuarta ocasión en menos de dos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia temática con relación a Oaxaca, esta vez con el tema de la criminalización de la protesta social y la consecuente existencia de presos políticos, señaló hoy la presidenta de la Limeddh en Oaxaca, Yéssica Sánchez Maya.
En la audiencia, que se realizará el martes 6 de marzo, el Estado mexicano deberá responder por una serie de irregularidades que mantienen en prisión a 58 hombres y cuatro mujeres, como resultado del conflicto político que vivió Oaxaca durante 2006, señaló la activista.
La audiencia temática, añadió, fue solicitada por las organizaciones civiles de Oaxaca, porque creemos que «el Estado mexicano debe responder frente a los comisionados de la CIDH de las graves irregularidades a los derechos humanos».
Explicó que 62 personas siguen privadas de su libertad y que harán evidente la utilización discriminada que se hizo de la libertad bajo caución y la forma en que el Estado la empleó para desprestigiar a los organismos de derechos civiles y atacar a las y los defensoras de derechos humanos, como en su propio caso y el de Aline Castellanos Jurado, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, quien también asistió a la conferencia.
Sostuvo que esta cuarta audiencia concedida por la CIDH habla del interés de ese organismo internacional para concretar la visita in loco a Oaxaca, misma que se iba realizar en febrero, como lo anunciaron desde octubre pasado, pero no pudo hacerse por cuestiones administrativas de esa instancia.
Sánchez Maya señaló que hay una secuencia en las cuatro audiencias temáticas ante la CIDH: la primera fue sobre el debido proceso a pueblos indígenas, la segunda sobre violencia contra mujeres, la tercera de la situación general en materia de derechos humanos y la cuarta, consecuencia de esos antecedentes, sobre la criminalización de la protesta social y la existencia de presos políticos.
En conferencia de prensa, junto con otros defensores de derechos humanos, señalaron que en Oaxaca existe una serie de irregularidades en la administración de la justicia, que evidencia el patrón estatal para hostigar, perseguir y sancionar por motivos políticos a la población, una violación sistemática al derecho al debido proceso y la violación flagrante de las leyes mexicanas e instrumentos internacionales de derechos humanos.
Ante la CIDH, dijo Sánchez Maya, se presentará un amplio informe sobre esta situación a raíz del conflicto político-social que llevó a la detención de 350 personas, de las que aún 62 están detenidas, además de la sistemática violación de las garantías individuales de las y los oaxaqueños.
Los activistas, como Maulilio Santiago, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), e Isaac Torres, de la Limmedh, señalaron que en Oaxaca «se prefirió la venganza política a la solución de fondo de la crisis». Y junto con el gobierno federal, las autoridades locales antepusieron la utilización de las fuerzas policíacas, para-policíacas y militares al diálogo y el acuerdo político.
07/SJ/GG/CV
