La situación de los derechos humanos en Nicaragua y la violación a los derechos de las mujeres brasileñas privadas de su libertad fueron los temas de dos audiencias llevadas a cabo ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en esta ciudad.
Los últimos años, Nicaragua se ha caracterizado por una profunda crisis de gobernabilidad política, en la cual los temas relacionados con la garantía y el respeto de los derechos humanos han estado ausentes de la agenda de todos los gobiernos, dijeron durante la primera audiencia las organizaciones que solicitaron que el caso fuera tratado en el organismo internacional.
En la sesión se trató particularmente la violencia de género. Expresaron especial preocupación por la reciente reforma al Código Penal que sancionó el aborto terapéutico, lo que ha traído como consecuencia que ya varias mujeres pobres hayan muerto por complicaciones en el embarazo.
Además, no hay un verdadero acceso de las mujeres a la justicia. De cada mil casos en los que son víctimas, sólo en 40 se abren procesos judiciales, dijo la representación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), la Asociación de Personas viviendo con VIH SIDA (ASONVIHSIDA), Casa Alianza ? Nicaragua, la Fundación Xochiquetzal, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
También informaron acerca de la situación que vive la niñez y la adolescencia. Denunciaron que más de 600 mil niños y niñas se encuentran fuera del sistema educativo.
Del total de la población infantil, un 32 por ciento sufre de desnutrición crónica, especialmente los habitantes de la Costa Caribe y zonas rurales; y el 30 por ciento no cuenta con partidas de nacimiento, lo que los expone a ser víctimas del tráfico de personas, la trata y la explotación sexual comercial.
En cuanto a la situación de las personas con VIH Sida se dio a conocer, entre otros aspectos, que el Estado no brinda el tratamiento antirretroviral a la totalidad de la población que lo requiere. Pidieron urgentemente una política estatal que garantice los derechos de la población seropositiva, así como una mayor inversión estatal para la atención de la problemática.
Finalmente, las organizaciones abordaron graves preocupaciones por la incidencia de los partidos políticos en la administración de justicia, impidiéndose una verdadera tutela de los derechos fundamentales de la población.
Los peticionarios, aún y cuando trataron temas específicos, coincidieron en que el gobierno de Daniel Ortega, desde sus inicios, estableció estructuras paralelas a las ya existentes legalmente, excluyendo de los nuevos espacios al Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, institución encargada de articular a los organismos de sociedad civil y del Estado en políticas tendientes a la promoción de los derechos humanos.
Al concluir la audiencia, la CIDH anunció que durante el segundo semestre de este año visitará Nicaragua para tomar contacto con las nuevas autoridades y constatar las violaciones denunciadas.
MUJERES PRIVADAS EN LIBERTAD EN BRASIL
Ayer mismo, un grupo de organizaciones brasileñas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expusieron durante su audiencia en la CIDH la grave situación en que se encuentran las mujeres privadas de libertad en Brasil.
Las peticionarias destacaron que no existe una política penitenciaria con perspectiva de género, lo que se traduce en una doble discriminación de las mujeres detenidas.
Aproximadamente el 6 por ciento de la población carcelaria está compuesta por mujeres, las que en su mayoría son jefas de hogar y 86 por ciento de ellas son madres.
Casi 30 por ciento de las mujeres se encuentran recluidas en «cadeias públicas» (delegaciones policiales), lo que implica que cumplan la privación de libertad en lugares no destinados para estos efectos, a cargo de personal policial preparado y destinado a otras funciones y privadas de derechos establecidos en la ley de ejecución penal de alcance nacional, tales como plazas educativas y laborales, acceso a servicios de salud pública, visita íntima y visitas los fines de semana.
El acceso a actividades laborales implica en la legislación brasileña una reducción de la pena, por lo cual las mujeres quedan excluidas de este derecho y en la práctica sufren una ejecución temporal de la pena más prolongada que los hombres.
Las mujeres son vigiladas mayormente por personal masculino, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y las expone a abusos sexuales, tanto del personal policial como de presos masculinos en las «cadeias públicas» (delegaciones policiales) mixtas.
Las directrices y reglas generales internacionales en la materia establecen que las personas privadas de libertad no deben permanecer en puestos policiales más que el tiempo inmediato a la detención.
Deben ser trasladadas a lugares adecuados para tales fines y bajo el régimen establecido por la legislación nacional, y que las mujeres privadas de libertad cuenten con personal estatal femenino destinado a su custodia y atención.
El gran reto para el Estado brasileño es la implementación de la normativa nacional ya existente en la materia y el diseño de una política pública que ponga en funcionamiento una política penitenciaria que conceda iguales derechos a las mujeres y que atienda las especificidades de género.
El CEJIL es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano, cuyo objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
CEJIL no persigue fines de lucro y tiene estatus consultivo ante la OEA, la ONU y calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
07/GG
