Este martes el Gobierno del estado anunció, después de las protestas del fin de semana, que revisaría 360 expedientes de reos que están en condiciones de inconformidad por la forma como se está llevando su proceso, entre ellos podrían estar los casos de 48 reos en huelga de hambre, entre los que se encuentran dos mujeres.
Ayer 18 de marzo se realizó un nuevo acto de protesta afuera del penal del Amate, municipio de Cintalapa, para pedir la revisión de los expedientes y la liberación de las y los presos en huelga de hambre.
Luego de la movilización, José Antonio Morales Messner, Secretario de Gobierno, dijo que el proceso de revisión de los expedientes podría durar hasta seis meses –lo cual no garantiza que se resuelva la petición de liberar a las y los presos— ya que dependerá de que en los 360 casos pudiera encontrarse alguna inconsistencia o elementos que permitiera la liberación de alguno de ellos.
Los 48 reos en huelga de hambre, dos de ellos mujeres, recluidos en cárceles de esta entidad se encuentran aislados y en condiciones extremadamente delicadas de salud.
Al respecto, Ignacio González, representante de la organización católica del Pueblo Creyente, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, dijo que la condición de sus compañeros «es por demás lamentable» y que su salud está en riesgo.
«Los tienen aislados e incomunicados. También están amenazados», añadió.
LOS HECHOS
A principios del mes pasado 38 internos considerados «presos políticos» iniciaron la huelga de hambre en el penal del Amate, municipio de Cintalapa, en demanda de su libertad. En respuesta, 10 prisioneros de otras cárceles se sumaron en una jornada de ayuno y oración.
Entre los huelguistas se encuentran 2 mujeres, una de ellas Delia Pérez enferma de diabetes a quien le han negado sus medicamentos para obligarla a desistir con la protesta.
Con relación a su caso, Ignacio González señaló que Delia «por su enfermedad más que en huelga de hambre esta en ayuno y oración».
El Gobierno del estado continúa abusando de sus derechos humanos al negarse a revisar los expedientes de los 48 presos políticos, a quienes la anterior administración encabezada por el ex mandatario Pablo Salazar ordenó al entonces Fiscal, Mariano Herrán, crear expedientes con delitos inventados a fin de mantenerlos encerrados en su sexenio, agregó.
En su opinión, se trata de líderes sociales, campesinos y religiosos detenidos durante manifestaciones contra el Gobierno y la intención de Salazar y Herrán era mantenerlos a raya para reprimir las expresiones de inconformidad.
Según González, la desaparecida Fiscalía del estado –reconvertida en esta administración como Ministerio de Justicia– les inventó a los reclusos de conciencia, cargos de asesinato, lesiones, robo, secuestro, amotinamiento y daños en propiedad ajena.
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien se encuentra al pendiente de la situación, asegura que en los expedientes se han encontrado «graves inconsistencias e irregularidades que demuestran que el Gobierno viola los derechos humanos» de las y los reclusos.
En opinión de los abogados del organismo es necesario que reconozcan que en los procedimientos ha habido errores que pueden enmendarse con la revisión de los expedientes: «Si esto fuera así, la mayoría de los indiciados que son inocentes conseguirían su libertad».
Sin embargo, fuentes del Gobierno consultadas este lunes dijeron que no habría revisión de expedientes de ninguno de las y los reos, mucho menos su liberación mediante presiones o chantajes.
MOVILIZACIONES
La Organización del Pueblo Creyente, con la ayuda de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en dos ocasiones han movilizado a miles de católicos para exigir la inmediata liberación de los 48 presos políticos de las cárceles chiapanecas.
La más reciente ocurrió el fin de semana cuando unos mil católicos de una docena de municipios de Los Altos recorrieron más de 300 kilómetros en una peregrinación en la víspera de Semana Santa, desde esa región hasta llegar al Amate en el municipio de Cintalapa. La demanda continúa siendo la libertad a los presos políticos.
El sacerdote católico Marcelo Pérez, dijo que la razón de sus movilizaciones es porque entre los detenidos hay varios líderes religiosos, entre ellos Zacario Hernández, presos injustamente.
Los obispo Samuel Ruiz García, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz, han expresado en reiteradas ocasiones su apoyo incondicional a las y los reclusos, además le han pedido al gobernador Juan Sabines Guerrero, no sólo la revisión de expedientes sino la liberación de los detenidos, pero el Gobierno ha insistido que no reconoce la existencia de presos políticos en el estado de Chiapas.
Los presos políticos respondieron al Gobierno con una carta firmada sobre todo de Voz del Amate, Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal, Presos Zapatistas, CIOAC y Mocri-CNPA-M.N.
«Somos presos políticos porque nuestra detención y encarcelamiento proviene de una política de represión y aniquilamiento del movimiento social en el estado de Chiapas, tanto a las organizaciones sociales como al propio Eje Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)», señalan en la misiva.
Los internos concluyen el documento de 2 cuartillas pidiendo la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales así como la del Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores, a fin de analizar la compleja situación de Chiapas.
08/MC/CV
