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Sin acciones concretas, piden acabar violencia contra indígenas

Por Anaiz Zamora Márquez

Recientemente el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reconoció que la exclusión y la pobreza son las formas más arraigadas de discriminación y violencia contra las indígenas, realidad que se ve reflejada en cifras y datos de años anteriores.   
 
Durante la inauguración del Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas por una Vida Libre de Violencia –realizado en Chiapas–, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, reconoció que las indígenas tienen que hacer frente a una triple discriminación por ser mujeres, pobres y pertenecientes a un grupo étnico.
 
Dijo que la exclusión y la pobreza son las formas más arraigadas de discriminación que sufren las mujeres indígenas y que se agravan por algunos usos y costumbres, por lo que es “necesario superar la pobreza y la injusticia social”, ya que éstas alimentan y perpetuán la violación a los Derechos Humanos (DH) de esta población.
 
Sin mencionar si se crearía o no un programa especifico para detener la violencia contra la población femenina indígena, el funcionario destacó que el “vínculo perverso” entre la discriminación y la violencia “debe romperse con una buena dosis de justicia social”, que pasa por el conocimiento y ejercicio de los DH.
 
En el encuentro se brindó capacitación para que las indígenas conozcan sus derechos y las instituciones federales, estatales y municipales a las que pueden acudir en caso de necesitar apoyo.
 
La denuncia al gobierno federal para atender la ola de exclusión y discriminación en que viven las mujeres indígenas no es nueva, y muchas cifras reflejan la realidad adversa que enfrentan niñas, jóvenes y mujeres de comunidades originarias.
 
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hay alrededor de 10.2 millones de personas indígenas que habitan alrededor de la quinta parte del país; poco más de la mitad son mujeres.
 
Del total de los municipios indígenas (871), 295 viven en un grado muy alto de marginación. Entre algunas de las condiciones socioeconómicas que caracterizan al total de esta población, el 64 por ciento cuenta con agua entubada y el 83.1 por ciento con servicios de electricidad.
 
Apenas el 43.7 por ciento cuenta con piso de tierra en su vivienda y el 62.4 por ciento aún cocina con leña.
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó en 2012 que del total de la población indígena en México, 3.3 millones no podían satisfacer sus necesidades alimenticias básicas, y que 46.5 por ciento no contaba con educación primaria completa.
 
En esta última condición educativa las más desfavorecidas son las mujeres, pues el 34.5 por ciento de las jóvenes de 15 años o más eran analfabetas, en contraste con el 19.6 por ciento de los varones.
 
A decir del PNUD, el nivel de escolaridad está muy vinculado con una alta mortalidad materna. Por ejemplo: el 36.5 por ciento de las mujeres fallecidas en los municipios con más de 70 por ciento de población indígena no tenía ningún nivel de escolaridad, y 24.7 por ciento tenía la primaria incompleta.
 
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