A unos días del cierre del período ordinario de sesiones en el Congreso de Tlaxcala, el próximo 15 de mayo, la Comisión de Puntos Constitucionales aún no dictamina acerca del reconocimiento del delito de trata de personas en esta entidad.
Ante esta situación, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo AC, exigió mediante un comunicado al Congreso del estado dictamine a favor de la Iniciativa Popular que distintas ONG defensoras de derechos humanos en México presentaron en diciembre del 2006.
La directora del Centro Fray Julián Garcés, Liz Sánchez Reyna señaló a Cimacnoticias que esta Iniciativa Popular, presentada con la finalidad de que se reconozca la trata de personas como un delito en Tlaxcala, se encuentra desde diciembre pasado en la Comisión de Puntos Constitucionales y continúa discutiéndose, junto a otras propuestas, a sólo dos sesiones de que termine el actual período.
Esta situación nos preocupa y se agrava, dijo, debido a las elecciones que se llevaran a cabo en Tlaxcala en noviembre próximo.
«Ya que por ser este el último año de la actual legislatura, varias diputadas y diputados se encuentran ya pidiendo permisos para iniciar sus campañas. Podríamos decir que están en ?precampañas?. En noviembre próximo se elegirán en el estado presidentas y presidentes municipales, así como diputadas y diputados».
Por lo que «nos alarma que no se dictamine, en cualquiera de estas dos últimas sesiones, 10 y 15 de mayo, a pesar de que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Javier García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos aseguró se le dará lectura en la sesión del 10 de mayo próximo».
Al asegurar que la trata de personas continúa «acentuándose» en Tlaxcala, reiteró el llamado de que «es urgente que se presente el dictamen de decreto para que se reconozca el delito en el Código Penal y de Procedimientos Penales del estado».
ACCESO A LA JUSTICIA
Hoy, en un comunicado de prensa, el Centro Fray Julián Garcés reitera su preocupación respecto a lo que pueda suceder con la tipificación de la trata de personas como delito ante la próxima coyuntura electoral.
«Se ha mencionado extraoficialmente que un número considerable de esta LVIII legislatura participará en elecciones para presidencias municipales, desentendiéndose del encargo que les ocupa, mientras las posibilidades de que el decreto sobre Trata de Personas no sea presentado, ni aprobado, o bien sea presentado y no contenga lo mínimo que garantice el acceso a la justicia, es decir la descripción del delito y la reparación del daño».
Reconocen que aún cuando la sola legislación no va a resolver el problema, contar con una figura legal «es importante como una parte esencial para el acceso a la justicia».
Asimismo instan al ejecutivo a que reconozca la problemática y actué en consecuencia de acuerdo a su responsabilidad, «ya que ha sido pública la negación de la problemática por parte de la Procuraduría, así como la ausencia de posición del gobernador, lo cual se ve como una grave minimización del problema».
En este sentido, Liz Sánchez Reyna, apuntó que de no aprobarse dicha iniciativa el Centro Fray Julián pedirá que se incluya en la agenda del período extraordinario. Además de que realizarán distintas movilizaciones a favor de la Iniciativa Popular antes de que termine el actual periodo
LA INICIATIVA
La Iniciativa Popular para que se reconozca el delito de trata de personas en el Código Penal del estado de Tlaxcala, fue presentada al Congreso local el 7 de diciembre del 2006, respaldada con más de 25 mil firmas de la ciudadanía, 41 organizaciones civiles de la entidad y más de 20 nacionales e internacionales.
Se impulsó desde la Campaña por la Dignidad de Todas y Todos con la participación, entre las ONG nacionales, de Sin Fronteras, Pastoral Social I. Cáritas de la Diócesis de Tlaxcala, la Red Género y Economía, Semillas y Consorcio para el Diálogo Parlamentario, entre otras, y en las internacionales se encuentran la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas y América Latina y el Caribe.
Las organizaciones impulsaron esta iniciativa, «partiendo de que la trata de mujeres es violencia hacia las mujeres, es una violación a derechos humanos, es una forma contemporánea de esclavitud, es delincuencia organizada, es un pisoteo de la dignidad y existe en Tlaxcala mostrando la evidente ineficacia del Estado».
La propuesta va más allá de la sola tipificación del delito de trata, afirma el Centro Fray Julián Garcés en su comunicado de hoy, «su origen es más amplio, su acción y resultados son diversos, mientras que sus objetivos son supremos y se multiplican».
En su primer Informe acerca del proceso que se ha llevado desde diciembre del 2006, cuando se presentó la Iniciativa Popular al Congreso, este centro defensor de derechos humanos enfatiza que en Tlaxcala «las redes de trata de personas han sabido echar raíces con nefastas complicidades y culturas antiéticas; con estructuras a su favor, con leyes de claros vacíos dentro de contextos globales y locales, que se empeñan en desvirtuar y pisotear la dignidad humana».
07/GT/CV
