Mientras no cuenten con desarrollo y dinero, no podrán aterrizar las legislaciones y programas donde estén reconocidas todas las categorías de violencia familiar, institucional, laboral y docente,aunque estén homologadas con el derecho internacional y comparado, coincidieron en señalar Patricia Olamendi, Carlos Castresana y Edgardo Buscaglia.
En el marco de la Mesa Redonda «Violencia contra las mujeres y la legislación mexicana», los participantes advirtieron que México está a la vanguardia en el asedio sexual, en la trata y explotación de las mujeres, y sin embargo el Estado garante de los derechos de las mujeres no destina recursos económicos a las Secretarías responsables.
El fiscal del Tribunal Supremo de España, Carlos Castresana, aseveró que para que una ley tenga el impacto necesario para lo que fue legislada se requiere, forzosamente, de dinero y de supervisión, para ver si realmente está funcionando esa ley.
El también consultor de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sostuvo que la dificultad que enfrenta México no es de una legislación, sino de que debe hacer funcionar lo que ya existe y asegurarse de que las mujeres puedan acceder a la justicia y contar con los recursos económicos para denunciar y poder continuar su proceso legal.
Carlos Castresana también dijo que las mujeres no acceden a los instrumentos de justicia por razones de dinero, no tienen independencia económica, buena parte de ellas desconocen sus derechos, además de estar discriminadas, tanto de la vida pública como de la privada.
Se pronunció por la creación de estructuras sociales alternativas que apoyen y brinden protección a las mujeres para continuar sus denuncias y procesos legales.
Durante su disertación, la presidenta de Proyectos Mujer, AC, Patricia Olamendi, enfatizó que «en México no tenemos una costumbre de evaluación del impacto legislativo», por lo que hizo un llamado a los congresos y a las comisiones de género para que tomen las medidas que se requieren para evaluar dichos impactos.
La jurista lamentó que las modificaciones legislativas estén incompletas, ya que a pesar de que son de carácter federal no están aterrizadas en las legislaciones estatales, permitiendo que el valor de las mujeres varíe de un estado a otro, ante la falta de argumentación de la legislación.
La especialista en temas de género y violencia denunció que también es impresionante cómo seguimos dejando al amparo del grupo político en turno el destino de las mujeres.
Para Patricia Olamendi, ya es hora de que en nuestro país comencemos a pensar lo que los tratados internacionales deben significar en nuestra legislación y en nuestra política pública.
Consideró también que, además de las medidas legislativas, se deben de tomar otras de carácter administrativos, toda vez que cuando hay que implementar un tratado internacional, se tienen que tomar medidas de carácter administrativo.
Olamendi manifestó la necesidad de que los estados reformen sus legislaciones, pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya es vigente, y es de observancia en todo el territorio nacional, basada en las recomendaciones de la Cedaw.
Durante su intervención en la mesa redonda, organizada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, la abogada aseguró que la citada Ley General de Acceso de las Mujeres nos permite armonizar la problemáticas delictiva y armonizar la política pública de país.
Desde su óptica, dijo que no se trata de hacer leyes chiquitas en los estados, sino que se aplique lo que nos pide aplicar la Ley General en los estados, y eso va desde la legislación hasta la política pública.
Comentó que de 2003 a la fecha, México ha recibido 207 recomendaciones de diversos organismos internacionales por violaciones a derechos humanos de las mujeres, que en su mayoría, provienen de la Organización de las Naciones Unidas, de los Comités de Cedaw, del Comité del Niño y de Relatores Especiales.
Olamendi resaltó la recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se señala que se requiere la acción del Estado a su más alto nivel, y sugiere la conformación de un grupo interesado exclusivamente para medir y evaluar el grado de coincidencia en casos de violencia contra la mujer.
En cuanto a la recomendación de la Relatora de los Derechos Humanos de la Mujer, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Olamendi dijo que el nivel de protección contra la violencia de género también varía notablemente en los estados de la República, en los que en algunos están claramente rezagados.
La relatora conminó a dichas entidades federativas a poner sus leyes, políticas y medidas de aplicación de conformidad con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Para concluir, la Presidenta de Proyectos Mujer, AC se pronunció porque se lleven a cabo reformas a la legislación y en los procedimientos de investigación judicial, además de promulgar en todos los estados leyes especificas para prevenir los actos de violencia contra la mujer y una ley federal que tipifique como delito la violencia doméstica.
07/MLT/GG
