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Sin investigar, CNDH exonera a autoridades en caso Narvarte

Por Anayeli García Martínez
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una “queja” por el asesinato de la activista Nadia Vera Pérez, Mile Virginia Martín, Yessenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, perpetrado el pasado 31 de julio en la céntrica colonia Narvarte, en esta capital.
 
El abogado Sergio Méndez Silva, integrante del colectivo Justicia Pro Persona, informó que luego de que grupos civiles solicitaran a la CNDH abrir una investigación por graves violaciones a los Derechos Humanos (DH) en el llamado caso Narvarte, el organismo decidió iniciar sólo una “queja”, pero con la acotación de que “no hay indicios” de la presunta participación de servidores públicos en el crimen.
 
El pasado 6 de agosto, Justicia Pro Persona, junto con otras agrupaciones, solicitó al organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez que ejerciera su competencia para investigar casos en los que existan violaciones graves a los DH, tal y como lo establece el artículo 102 constitucional, petición que quedó en el expediente 2015/5821-Q.
 
Según la Constitución, la CNDH podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves cuando así lo juzgue conveniente o cuando lo pidan el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el Jefe de Gobierno del DF, o las legislaturas de las entidades federativas.
 
La semana pasada, el abogado Méndez Silva se reunió con personal de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, encargada del  Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos y encabezada por Edgar Corzo Sosa, pero en ese encuentro se informó que no se podía abrir una investigación, ya que “no había indicios de participación de agentes gubernamentales”.
 
Lo único que aceptó el organismo nacional fue iniciar una “queja” al respecto, lo que a decir del abogado es una contradicción, toda vez que la CNDH sólo puede intervenir en los casos donde hay participación de agentes del Estado, además agregó que su función debe ser indagar y luego concluir si hubo o no graves violaciones a las garantías humanitarias. 
 
Por lo pronto, Sergio Méndez lamentó que no se inicie una investigación, como las que en su momento integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, y la represión policial en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, pues –destacó el defensor– al parecer se trata de evitar cualquier línea de investigación que apunte a la presunta participación del gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, en esta masacre en la que murieron cuatro mujeres y un periodista.
 
El abogado señaló que esperarán a que se integre la “queja” para ver si esa defensoría está trabajando, o de lo contrario tomar acciones legales para obligar a la CNDH a realizar sus funciones constitucionales.
 
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