Si no cuentan con las medidas necesarias de higiene en las escuelas de preescolar, primaria y educación especial, alrededor de 58 mil docentes de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 85 por ciento de ellos mujeres, no regresarán a clases el próximo 11 de mayo, pues la llamada influenza humana sigue «latente» y los recursos asignados por el Gobierno federal son insuficientes para abastecerse durante los 40 días que restan al ciclo escolar.
Así lo informó en conferencia de prensa Francisco Bravo Herrera, secretario general del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 9, quien informó que la discusión sobre las condiciones de sus centros de trabajo, entre las y los trabajadores de esta sección ubicada en el Distrito Federal (DF) y los comités regionales, se da desde ayer y hasta hoy. Hoy entregan su decisión a Alonso Lujambio, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Bravo Herrera indicó que las 4 mil 100 escuelas de educación básica capitalinas, donde laboral 150 mil maestras y maestros, de los que el 70 por ciento son mujeres, pueden constituir un «centro de propagación muy fuerte del virus de la influenza humana», ya que no cuentan con las medidas de higiene mínimas para evitar la propagación de la enfermedad, como son: el suministro de agua potable y «mucho menos» jabón y agua potable.
En el DF el 60 por ciento de las escuelas de preescolar, primarias, secundarias y de educación especial donde asisten más de un millón y medio de estudiantes no cuentan con el servicio de agua potable.
Cabe mencionar que, incluida la Ciudad de México, en el país 26 mil 77 planteles carecen de este servicio, principalmente en el sureste y zonas de alta marginación.
RECURSOS FEDERALES INSUFICIENTES
«Necesitamos edificios higiénicos con el material necesario», y los 200 millones de pesos que ofreció el Gobierno federal a los locales son insuficientes para satisfacer las carencias del sector, ya que en México hay 223 mil 144 escuelas de educación básica, es decir que a cada una le corresponderían 896 pesos, para los 40 días que restan del ciclo escolar para surtirse de los insumos sanitarios mínimos como cloro, jabón para el lavado de manos y limpieza de las instalaciones.
Por ello, los docentes se pronunciaron por regresar de manera «responsable», es decir, con las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, pues de lo contrario advirtieron que contemplan la posibilidad de no volver a clases hasta que se garantice el regreso a las aulas «sin riesgo».
DOS AÑOS SIN RECURSOS
Además, denunció el sindicalista que no hay notificación del uso que se le dará a los recursos, mismos que no se entregaban a las escuelas del DF desde hace dos años, lo que ha implicado un deterioro grave de las instalaciones.
Asimismo, señaló que los grupos están integrados por 30 ó 45 estudiantes, por lo que sería «imposible» guardar la distancia de dos metros que indicaron las autoridades de salud. Incluso, dijo, «en los salones de clases las mesas son ocupadas por hasta 4 ó 5 alumnas y alumnos».
Debido a las condiciones en las que se encuentran las escuelas, Francisco Bravo indicó que esperan que aumente el ausentismo que, previo a la emergencia sanitaria, era del 5 al 8 por ciento y esperan que en este regreso a clases aumente a un 30 por ciento, debido a que «los padres no tienen certeza de que sus hijas e hijos estarán seguros».
Por otro lado, el dirigente de la Sección 9 afirmó que el Manual para Directivos Escolares, donde están las orientaciones sanitarias para superar la contingencia, y que integra entre sus lineamientos el interrogatorio que madres y padres de familia, docentes y personal de apoyo deberán hacer al alumnado sobre su estado de salud, es «insuficiente y parcial» ya que debe ser personal médico quien revise a las y los estudiantes.
Los profesores de la Sección 9 mencionaron que la prueba Enlace debe suspenderse pues representaría una carga de estrés «muy fuerte» para las y los estudiantes, después de padecer la «presión» en sus hogares, durante los días anteriores a causa de la emergencia sanitaria.
Por último, Francisco Bravo aseveró que «es inviable desde el punto de vista pedagógico la imposición del cumplimiento de las 800 horas de clase».
Y aclararon que no se niegan a laborar, ni a cumplir el programa escolar, «lo que exigimos es que se haga de la mejor manera, de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada comunidad respetando nuestros derechos laborales».
09/GCJ/GG
