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Sin resolver, caso de negligencia médica contra mujer indígena

Por Diana Manzo

María Martínez Luis es una joven madre que a sus escasos 20 años de edad fue víctima de una presunta responsabilidad médica y técnica en el Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”, ubicado en esta ciudad del Istmo oaxaqueño.
 
La joven asegura que la cirugía que le hicieron –la primera de toda su vida–, la recordará por siempre.
 
Y es que María ingresó el 14 de junio de 2014 porque presentaba dolores de parto; sin embargo, al no poder parir de forma normal, se le practicó una cesárea, pero al mismo tiempo le cortaron las trompas de falopio, que en términos médicos es una oclusión tubaria bilateral (OTB), lo cual le impedirá volver a ser madre otra vez.
 
Las autoridades del Hospital General –en ese entonces a cargo del director Jerónimo Ramírez Luis– se deslindaron de toda responsabilidad haciéndola firmar a ella y sus familiares un documento con fecha 19 de junio, que indicaba que ella autorizó la cirugía.
 
Ese mismo día, el director amenazó también a su entonces esposo, Fabián Vázquez, para que negara que había concedido una entrevista a una periodista, quien difundió el hecho en medios de comunicación, debido a que eso significaría su probable destitución del cargo.
 
María es indígena zapoteca, habla su lengua materna porque creció con su mamá y su abuela que lo hablan; es originaria de la ciudad de Juchitán, de origen humilde, y desde hace 12 meses busca que se le haga justicia y se castigue a los responsables de su desgracia, como ella le llama.
 
CALVARIO SIN FIN
 
La joven cuenta que también ha sido víctima de discriminación y abuso de autoridad de parte del personal de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO), que la visitó luego de que presentó su denuncia ante la dependencia, pero al no haber una negociación con las autoridades del Hospital General, se acordó que habría un segundo encuentro sin precisar fecha.
 
Para la segunda cita con la CEAMO, el consultor médico Alejandro Pérez López y el consultor jurídico Cristian Cruz le exigieron a María el pago de viáticos (pasaje, alimentación y hospedaje), para atender su caso o la cantidad de 5 mil pesos para llegar a Juchitán y realizar el segundo encuentro.
 
“Pareciera que las puertas se me cerraban. Primero, el director del hospital que nos amenazó y a la vez prometió que ellos cubrirían todos los gastos de los daños ocasionados a mi persona. Incluso dijeron que me realizarían una segunda operación para reconstruir las trompas de falopio, pero no acepté porque no soy un juego, soy un ser humano y, por otro lado, la Comisión de Arbitraje Médico en lugar de apoyarme como institución oficial me exige dinero.
 
“Entonces por orientación de familiares decidimos acudir con el abogado Jesús Pineda, quien con mi consentimiento interpuso una denuncia penal contra el médico que me operó y contra el ex director del hospital Jerónimo Ramírez Luis, por solapar este tipo de atrocidades”, precisó.
 
Al recordar los hechos llora mientras manifiesta no tener palabras para describir el daño y la afectación psicológica que ha vivido, además de la depresión y falta de motivación por todo lo que le ha pasado y que aún no se hace justicia.
 
“Es algo que no puedo describir; se me enchina la piel cada vez que lo recuerdo porque a mis pocos años no podré ser madre otra vez; por fortuna tengo a mi nena viva aunque mi pareja me abandonó de forma cobarde. Ha sido muy difícil vivir así”, narra con una tristeza mezclada con coraje.
 
DOLOR COMPARTIDO
 
A la joven siempre la acompaña su mamá, María Luisa de la Cruz, quien asegura que la vida para ambas no ha sido fácil, pues al mes de haber dado a luz es abandonada por su pareja debido a que no podrá darle más hijos.
 
“Mi hija, aparte que sufrió una operación que ella no autorizó, su esposo la abandonó al mes al saber que no podrá ser padre de un segundo hijo y, lo más triste, es ignorada por las autoridades defensoras de alguna negligencia o responsabilidad médica. Nosotros lo único que deseamos es que se haga justicia”, indicó.
 
“Me gustaría decirle al doctor Jerónimo de frente –ahora que anda en campaña política–, que a mi hija y nieta nos dejó en el abandono, nos amenazó con privarnos del servicio médico si denunciáramos, dijo que nos arregláramos con él y lo más triste es que nosotros somos una familia humilde, no tenemos dinero; yo lavo ropa ajena para mantener a mi nieta y mi hija”, puntualizó.
 
LO LEGAL
 
Finalmente, el abogado Jesús Pineda dijo que existe una denuncia penal por los hechos. Añadió también que “casualmente” no hay documentos del historial clínico de la joven en la unidad de salud en la colonia Colosio, donde llevó su control médico durante los nueve meses de su gestación.
 
“El caso de María comprueba una vez más que el médico que la operó incurrió en una responsabilidad médica; él hizo la cesárea muy bien, pero exageró en la operación cortándole las trompas de falopio, además de que el director del Hospital lo respaldó porque no hizo nada para apoyar a esta familia”, indicó.
 
Hoy, María Luisa está en un dilema, entre si come y alimenta a su hija o paga un estudio especializado que cuesta alrededor de 5 mil 600 pesos que le fue solicitado por la Fiscalía de Juchitán para acreditar que sus trompas de falopio fueron cortadas aquel 14 de junio de 2014.
 
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