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Sistema de salud, realidad trágica para las mujeres: GIRE

Por Anaiz Zamora Márquez
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El sistema de salud está “ejecutando a las mujeres”, pues a la par que no les brinda las garantías para ejercer su sexualidad sin riesgos, las discrimina y violenta en los servicios, no garantiza que no mueran durante el parto, y les niega el acceso al aborto seguro, incluso cuando es producto de violación sexual o pone en riesgo su salud y su vida. 

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) expresó lo anterior al presentar su informe “Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México”, elaborado a partir de información oficial (obtenida mediante el recurso de transparencia), y que da cuenta de los obstáculos legales y de implementación, para que las mexicanas ejerzan sus derechos reproductivos.

De acuerdo con el reporte, a las mujeres se les imponen o niegan métodos anticonceptivos; se les criminaliza por interrumpir embarazos no deseados; son maltratadas en los servicios de salud obstétrica; mueren en el embarazo, parto o puerperio; son discriminadas al buscar acceder a técnicas de reproducción asistida; y se enfrentan con barreras para hacer compatible su vida laboral y reproductiva.

Al presentar el informe –que está dividido en seis temas y es producto de más de dos mil solicitudes de información–, Regina Tamés Noriega, directora de GIRE, explicó que se pretende dar una radiografía de lo que México viene arrastrando desde hace varios años en materia de derechos sexuales y reproductivos.

 
Agregó que la información no es un tema ajeno de la realidad que enfrenta el país, que “está inmerso en situaciones y mensajes de ejecuciones de impunidad y corrupción, y lo que tenemos aquí es un sistema de salud que también está ejecutando a las mujeres y en donde también hay mucha impunidad y corrupción”. 

El primer eslabón de una cadena de obstáculos para que las mujeres puedan acceder a sus derechos reproductivos, es el acceso libre e informado a métodos anticonceptivos, dijo Tamés.
 
En este tema, uno de los puntos que encontró GIRE es que sólo en 12 estados del país se cuenta con intérpretes para dar conserjería de anticoncepción a mujeres indígenas.  
 
Los estados de Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas argumentan que no cuentan con informes “porque no hay personas indígenas” en sus entidades, pese a que los censos de población indican lo contrario.

GIRE destacó que la legislación mexicana en el país en materia de aborto es aún restrictiva; ejemplo de ello es que sólo 14 entidades tienen la causal de riesgo para la salud de las mujeres, para permitir la interrupción del embarazo.

Instancias federales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se acogen a la legislación federal, que penaliza el aborto, y niegan el procedimiento a las usuarias incluso cuando el embarazo pone en riesgo sus vidas.
 
Tamés Noriega abundó que un tema “preocupante” es que aunque en todo el país las leyes locales dicen que se puede interrumpir una gestación en casos de violación sexual, en la realidad las mujeres no acceden a esta causal, al mismo tiempo que la criminalización por aborto va en incremento, alertó. 
 
Datos oficiales señalan que de las 33 procuradurías de Justicia en el país (incluida la Procuraduría General de la República), sólo seis han emitido alguna autorización por aborto entre agosto de 2012 y diciembre de 2013.

A ello se suma que la información brindada por instancias judiciales señala que el número de denuncias por aborto entre agosto de 2012 y diciembre de 2013 es de 625, y en ese mismo periodo se reportó que había 13 personas en prisión definitiva por el delito de aborto y nueve en prisión preventiva.

 
“Con los problemas que está teniendo este país, el sistema de justicia está persiguiendo a las mujeres que interrumpen su embarazo”, criticó Regina Tamés.

De manera “sorprendente”, el Distrito Federal –donde el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación– se encuentra entre las entidades con más denuncias (183) contra mujeres por aborto. Tamés precisó a Cimacnoticias que no se sabe quién está denunciando a las capitalinas.  

Con respecto a la violencia obstétrica, GIRE destacó en el informe que los estados de Veracruz, Chiapas y Guerrero tipificaron este delito en lugar de hacer un “abordaje especial”, es decir reparar las fallas en el sistema sanitario que derivan en violaciones a los derechos de las mujeres.

Otro aspecto que llamó la atención es que en Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo el número de muertes maternas, lejos de disminuir, ha incrementado, a lo que se suma que el aborto inseguro sigue siendo la cuarta causa de mortalidad materna en el país.
 
En el informe también se enfatiza sobre la falta de regulación en materia de reproducción asistida, y la carencia de un amplio marco legal que permita conciliar la vida laboral y reproductiva de mujeres y hombres.
 
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