Legisladoras federales solicitarán la renuncia del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, ante el Senado de la República por considerar que ha dado un uso faccioso y político a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), principalmente en el caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario.
La diputada perredista Valentina Batres Guadarrama precisó que de mayo a la fecha el titular de la CNDH no le aportó ningún dato más a las recomendaciones que recién emitió sobre el caso de Ernestina Ascencio, quien presuntamente fue violada por elementos del Ejército Mexicano, en la sierra de Zongolica, Veracruz; sin embargo, dio por cerrado el caso y estableció que la causa del fallecimiento fue por anemia que padecía la señora indígena.
En rueda de prensa celebrada en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género en ese órgano legislativo, Maricela Contreras, precisó que de acuerdo a exámenes de laboratorio que se le hicieron a la señora Ernestina, se demostró que los niveles de hemoglobina que presentaba eran de 16 miligramos, lo que «nos indica que no había anemia en la señora Ernestina», ya que para que una persona tenga anemia, los niveles deben de estar por debajo de ocho.
Eso, dijo la legisladora, nos indica que ha habido todo un manejo a modo para desvirtuar las acusaciones de violación que la señora hizo en un estado lamentable de maltrato.
Ambas legisladora perredista anunciaron que próximamente, en una sesión, que aún están por definir, se va a presentar un punto de acuerdo para solicitar la remoción de José Luis Soberanes Fernández como presidente de la CNDH, porque su actuación ha generado la pérdida de credibilidad y legitimidad en la institución que preside.
Paralelamente, en declaraciones a conocida radiodifusora, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro, Javier González Garza, manifestó que las recomendaciones que emitió el presidente de la CNDH sobre el caso de Ernestina Ascencio peca de lo mismo que Soberanes acusa: «oportunismos y falta de escrúpulos».
Y las calificó como la «crónica de una gran mentira anunciada por parte del señor Soberanes», quien acusó a los partidos políticos de enarbolar el caso como bandera para su beneficio.
Por su parte, Batres Guadarrama y Contreras Julián acusaron que el único que ha hecho uso faccioso y político en el caso de Ernestina Ascensión ha sido el Soberanes Fernández.
Sostuvieron que con toda alevosía e intensión política esperó hasta un día después de las elecciones de Veracruz para emitir sus recomendaciones, a fin de que éstas no fueran cuestionadas ni opinadas por la ciudadanía veracruzana.
«El único que ha hecho uso político como moneda de cambio es Soberanes para favorecer al PRI en las elecciones de Veracruz, para que esto no les afectara en la votación, ni hubiera un balance del ejercicio de la Procuraduría veracruzana», aseguraron las diputadas federales.
Las legisladoras feministas advirtieron que dentro de las múltiples recomendaciones que hace la CNDH, prácticamente ahora resulta que los funcionarios menores fueron los que desvirtuaron la investigación en la Procuraduría del estado de Veracruz.
En ellas, aludieron, no hay revisión, ni una observación de abuso de poder por parte de Felipe Calderón, al ser él quien pervirtió, de origen, el destino de las investigaciones de la muerte de Ernestina Rosario Ascención.
Una vez que la CNDH decidió cerrar el caso, ya se presentó el expediente respectivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Amnistía Internacional y ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para que lo revisen y emitan las recomendaciones pertinentes el gobierno mexicano, concluyeron las integrantes de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Maricela Contreras y Valentina Batres.
LA ACTUACIÓN DE LA CNDH
Cabe recordar que el 9 de marzo de 2006, ante las supuestas omisiones halladas por la CNDH en el informe forense practicado a la mujer nahuatl violada y asesinada en Tetlazinga, presuntamente por miembros del Ejército mexicano, el cuerpo de la víctima fue exhumado, luego de una discusión entre elementos del Ministerio Público Militar y habitantes del lugar.
En ese entonces se dijo que la nueva autopsia, recomendada por la CNDH, tenía como objetivo recabar muestras de residuos seminales en el cuerpo de la víctima, pues el informe forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz no incluyó la obtención de esa evidencia, e impidió continuar con la investigación.
La representante legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Isabel Uriarte, confirmaba que: había «también una serie de irregularidades en la averiguación previa».
Luego de las primeras investigaciones realizadas por integrantes del Prodh, se comprobaron irregularidades en el proceso jurídico seguido por autoridades, tanto del fuero común como militar, lo que dificultaba un adecuado acceso a la justicia.
Además de las irregularidades en la ejecución de la necropsia, también quedó demostrado que hubo negligencia médica y ello influyó en la muerte de la mujer, aseguraba la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Noemí Quirasco Hernández.
Para concluir, la abogada Isabel Uriarte explicaba también que se observaron dos graves violaciones en el caso: la primera, la tortura física que sufrió la víctima y la otra es la falta de información a sus familiares.
07/MLT/GG
