A tres años de aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la Ley Robles, que amplió las causales de aborto a iniciativa de la entonces jefa de gobierno Rosario Robles, ha permitido la interrupción legal del embarazo a sólo 11 mujeres, pues la mayoría de las capitalinas continúan recurriendo al aborto clandestino por desconocimiento de la ley, temor y desconfianza en las autoridades.
Pilar Muriedas, directora de la organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam), quien en 2000 junto con otros organismos apoyó la iniciativa, comenta que sin duda la Ley Robles representa un avance en cuanto a los derechos de las mujeres y en el caso de la capital no es ley muerta como ocurre en algunos estados.
La incansable luchadora por la despenalización del aborto y directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Marta Lamas, dijo que el valor de la Ley Robles no se mide en la cantidad de mujeres que han hecho uso de ella, sino por la ampliación de las causales que contaron con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es que la lucha de Rosario Robles así como del movimiento feminista por las modificaciones al Código Penal del Distrito Federal en favor de las mujeres no fue fácil.
EL COMIENZO DE LA HISTORIA
El 10 de agosto de 2000, Rosario Robles presentó una petición a la ALDF para que en su periodo extraordinario de sesiones, que ese año inició el 18 de agosto, quedara incluida la iniciativa que ampliaría las causales (por razones eugenésicas y cuando se pone en peligro la vida de la madre) de aborto en el Código Penal del Distrito Federal.
Ese mismo día quedó aprobada, enmedio de protestas de los grupos de derecha (incluso extranjeros) encabezados por Jorge Serrano Limón de Provida, quienes se plantaron a las puertas de la asamblea aquel viernes 18 de agosto del 2000.
La reacción del conservadurismo no se haría esperar y fue así que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Verde Ecologista interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad con lo que pretendían echar abajo las reformas al Código Penal del Distrito Federal.
El 3 de octubre de 2000, la SCJN dio entrada a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los partidos opositores a la Ley Robles y el caso fue turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero.
El 24 de agosto del mismo año, la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó el decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Penal para el DF y de Procedimientos Penales, ampliando las causales del aborto en la capital del país.
Tuvieron que pasar dos años para que el 29 de enero de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara con siete votos a favor y cuatro en contra y tras cuatro horas de discusión, que el aborto por motivos eugenésicos o malformaciones congénitas era válido, constitucional y no contradecía los principios legales de la Carta Magna.
Igualmente estableció que eran constitucionales las atribuciones otorgadas al Ministerio Público en el artículo 131 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal para autorizar la interrupción del embarazo en las condiciones legales establecidas.
REAFIRMACIÓN DEL ESTADO LAICO
La decisión del máximo tribunal de justicia del país, causó júbilo entre todas las organizaciones feministas y de mujeres que vieron en el aval de la SCJN a la Ley Robles, un acto de justicia para todas las mexicanas, pero también la reafirmación del Estado laico.
En la actuación de la Suprema Corte, llamó la atención el hecho de que el ministro Mariano Azuela, a quien se vinculaba con la religión católica, emitiera su voto a favor, dejando de lado sus propias convicciones para proceder jurídicamente.
Vendrían nuevas disposiciones, esta vez de la secretaria de Salud del Distrito Federal, Assa Cristina Laurell, quien el 23 de abril de 2002 dio a conocer la normatividad para los servicios de salud de la capital relativa al aborto –con respeto a la objeción de conciencia-, con lo que 15 hospitales de los 26 que existen en el Distrito Federal quedaron facultados para interrumpir el embarazo.
No obstante, la funcionaria capitalina diría a esta agencia de noticias, que el estigma, los prejuicios y las resistencias de orden moral, aunado a la desconfianza en las autoridades impiden a las capitalinas hacer uso de la Ley Robles por miedo a la condena y al rechazo social.
Hace una semana, Robles, declaró a una televisora, «sabía que me iba a echar encima a los grupos de derecha al tocar un tema tan controversial como lo es el aborto, sin embargo siempre he dado la cara a los problemas.
«Nuestra lucha es contra la muerte y por la vida de miles de mujeres que se mueren cada año por practicarse un aborto en malas condiciones. Es por el derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestros cuerpos» sostendría la ex jefa de gobierno el 14 de agosto de 2000, mismo día en que firmó su iniciativa enviada a la ALDF.
2003/SM/MEL
