Victoria de Pablo, integrante del Consejo general de la abogacía de España e integrante de la Misión Internacional: «Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana», reconoció que la violencia contra las hondureñas se ha agudizado durante los últimos dos años hasta alcanzar 768 casos de feminicidio, de los cuales sólo 12 han sido enviados a tribunales.
La activista de la misión que visitará Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, sostuvo que la situación se agrava ante la falta de una atención efectiva e inmediata por parte de los operadores de justicia, porque con frecuencia, las mujeres no cuentan con recursos judiciales idóneos para denunciar los hechos sufridos, informó la organización Visitación Padilla, en un comunicado.
Honduras incumple, dijo, con sus obligaciones internacionales contraídas en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Investigar, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará).
Además, afirmó la consejera, las mujeres no pueden acceder a la justicia debido a que en la mayoría de los casos no hay una debida diligencia en las investigaciones y en los procesos judiciales, dice el comunicado.
Victoria de Pablo dijo que ayer el Estado hondureño fue expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mediante el Examen Periódico Universal, en donde se comprometió a crear y ejecutar un Plan de Acción para la protección de los derechos humanos.
«Las organizaciones de mujeres hondureñas reclaman y esta Misión Internacional recomienda como urgente, que ese plan de acción incluya un plan específico de acción contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio», dijo la consejera.
En su oportunidad, Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte y experta en el tema de feminicidio en México, consideró que la violencia contra las hondureñas ha alcanzado proporciones «inéditas», aún y cuando hay un subregistro de la misma.
Pese a que existe un instrumento jurídico como la Ley contra la Violencia Doméstica, éste ha sido insuficiente para cambiar las mentalidades discriminatorias contra las mujeres, «porque no ha estado acompañado de la protección jurídica, de políticas públicas y de actos de justicia, por parte del Estado, que sirvan para enviar mensajes claros y contundentes de que la violencia contra las mujeres es inadmisible», sostuvo la investigadora.
RETROCESO EN ACCESO A LA JUSTICIA
Como parte de las actividades de la Misión Internacional, se ha realizado varios encuentros con familiares de víctimas de feminicidio y organizaciones feministas, en éstas se pudo constatar de acuerdo con los testimonios ofrecidos, dice la Visitación Padilla, el retroceso en el acceso a la justicia para que las mujeres vivan una vida libre de violencia, y un incremento en las formas de violencia que experimentan.
El origen étnico, la desigual distribución económica de la riqueza social, el lugar de residencia, la división de las personas en ciudadanías que cuentan y otras que no cuentan, quienes tienen recursos económicos para comprar su inocencia, y quienes carecen de éstos para obtener justicia, son otros factores que contribuyen a que las mujeres no accedan a la justicia.
La impunidad, dice Visitación Padilla organización feminista hondureña -que forma parte de la Campaña regional por el acceso a la Justicia para las Mujeres Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y México- ha permitido que exista más violencia contra las mujeres y de persistir, la tendencia será una escalada mayor de actos crueles y atroces en contra de ellas.
Yolanda Hernández Sanic, Trabajadora Social de la Asociación POP NOJ, Alianza de Mujeres Mayas para la Prevención de la Violencia de Género, e integrante de la Misión Internacional pidió al gobierno de Honduras y a todas sus instituciones involucradas en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que cumplan con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres.
Como Misión Internacional, dijo, hacemos un llamado al Estado de Honduras y a sus instituciones a cumplir con dichas obligaciones, recomendando que para ello es necesario adoptar acciones afirmativas que permitan a las mujeres encontrarse en un nivel menos desigual, que en el que se encuentran actualmente, como resultado de la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad.
Marlon Mora Jiménez, integrante del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidades, para la Prevención del Delito y quien forma parte de la Misión, advirtió que la Misión estará vigilante de la aplicación, revisión y sistematización del Plan de Acción en Derechos Humanos al que se comprometió el Estado hondureño durante el EPU.
La Misión Internacional está integrada por investigadoras, activistas, abogadas y legisladoras de la región centroamericana y de Europa, que busca promover la prevención, sanción y erradicación de feminicidio en Mesoamérica y visibilizar la impunidad en la que permanecen la mayor parte de los casos de feminicidio.
Inició sus actividades el 1 de noviembre en Nicaragua y el próximo 7 de noviembre llegará a México.
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