Durante el año 2001, las activistas colombianas de la Organización Femenina Popular (OFP) recibieron 45 agresiones por paramilitares en la ciudad petrolera de Barrancabermeja, siendo la más reciente, el incendio de la Casa de la Mujer.
Ante esa situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una petición abierta de medidas cautelares para garantizar la integridad de las educadoras populares que durante casi 30 años han dirigido proyectos sociales en la región, informó Luis Guillermo Pérez Casas, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El Colectivo respalda la necesidad de una unidad de fiscales de derechos humanos en Colombia y que se lleven a término las investigaciones penales sobre las amenazas a la OFP, mismas que continúan a pesar del apoyo del ministro del Interior, Carlos Castaño, a la organización feminista.
Pérez Casas, también representante regional de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), explicó que la OFP, lidereada por Yolanda Becerra, alimenta a 120 mil habitantes en el municipio de Magdalena Medio en comedores populares con un costo de 50 centavos de dólar por persona (cuatro pesos mexicanos).
El gobierno colombiano no tendría capacidad para alimentar a tantas personas, indicó Luis Guillermo Pérez Casas en entrevista con CIMAC durante su visita a México este mes como parte de una misión de observación a la situación de los pueblos indígenas por la FIDH.
Por su esfuerzo para acabar con la violencia a través de la Ruta Pacífica de las Mujeres, la OFP recibió el pasado 8 de marzo un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pérez Casas se lamentó que la comunidad en América Latina y otros países no presten suficiente atención al peligro que corren las integrantes de la OFP, al destacar que la atención internacional sobre un defensor de derechos humanos puede salvar su vida.
La situación en Barrancabermeja es tan grave bajo el dominio de los paramilitares que en una década han sido asesinados o desaparecidos 120 dirigentes de trabajadores en esta ciudad caracterizada por una gran tradición sindicalista, explicó Pérez Casas.
En septiembre CIMAC informó que están amenazadas de muerte: Dany Rada Jiménez, Yolanda Becerra, Patricia Ramírez y Jackeline Rojas, todas ellas participantes de la Movilización Internacional de Mujeres por la Paz e integrantes de la OFP.
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