Tras calificar de hipócritas a las autoridades de la iglesia católica, el Movimiento Internacional Somos Iglesia demandó la renuncia de los cardenales Darío Castrillón Hoyos, presidente de la Congregación para el Clero de Colombia, y Giovanni Battista Re, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, a quienes acusaron de encubrir a miembros del clero católico acusados de abuso sexual.
Mediante comunicado de prensa, el Movimiento Internacional Somos Iglesia asegura que los cardenales Darío Castrillón Hoyos y Giovanni Battista Re tenían conocimiento de los casos de abuso sexual cometidos contra menores por parte de sacerdotes católicos, por lo que, al ocultarles la información a las autoridades civiles competentes en América Latina, impidieron que los sacerdotes transgresores fueran consignados.
La crisis de la iglesia católica comenzó hace un año, tras la publicación y difusión del informe de la hermana Maura O’Donohue, donde denuncia la violación, abuso y hostigamiento sexual contra las monjas en 23 países del mundo.
Más adelante, la crisis aumentó al darse a conocer los múltiples casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes católicos contra menores. Casos que han afectado no sólo la credibilidad de la iglesia católica y el prestigio del sacerdocio sino también la fe de sus fieles.
Ante ese panorama, el Movimiento Internacional Somos Iglesia –que agrupa a 20 organizaciones en 11 países de Asia, África, Europa y América– confía en que el Congreso sobre la reforma de la iglesia, que se celebrará en Boston el próximo 20 de julio y al que asistirá el Papa Juan Pablo II, los cardenales de Estados Unidos y otros funcionarios del Vaticano, será una oportunidad para hablar sobre los casos de paidofilia abiertamente.
Con ello el Movimiento Internacional Somos Iglesia busca celebrar un nuevo concilio de la iglesia católica, con el fin de modificar las estructuras institucionales –las cuales resultan disfuncionales y «constituyen fuentes de violencia e injusticia en lugar de ser fuentes de curación»-para conseguir transparencia, justicia y claridad en los procesos de la iglesia y en su toma de decisiones.
El objetivo del Congreso es lograr que las autoridades de la iglesia, incluyendo funcionarios del Vaticano, emprendan acciones enérgicas no sólo para condenar los casos de abuso sexual sino también contra los prelados que hayan encubierto los casos para sí terminar con las prácticas de encubrimiento que hasta ahora han predominado.
Hasta ahora los sacerdotes acusados de violación sólo han sido cambiados a otras parroquias, diócesis e incluso nuevas jurisdicciones con tal de impedir que se les someta a procesos legales; pese a que en esos nuevos lugares vuelven a tener contacto con niñas, niños y jóvenes.
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