Ahora resulta que sobrecargos y pilotos de la Compañía Mexicana de Aviación se encuentran frente a la amenaza de la desaparición de su fuente de trabajo y para evitarlo, según la empresa, deberán aceptar el despido de cientos de sus compañeros, la reducción de sus prestaciones y hasta de sus salarios.
Les piden que pongan su sindicato, su Contrato Colectivo de Trabajo y su revisión salarial en un aparador, como artículos de recuerdo.
Todavía no termina la sorpresa de la aparición de la mezquina jurisprudencia, que intenta confiscar las pensiones de los trabajadores con ingresos de más de 10 salarios mínimos y la intentona de los burócratas que dirigen el Instituto Mexicano del Seguro Social para desconocer derechos adquiridos y ahora se anuncian recortes en otros sectores.
Antes en Luz y Fuerza del Centro (LyFC) la cerraron violentamente con fuerza pública y extinguieron el empleo de 40 mil trabajadores y 4 mil trabajadoras; de la noche a la mañana aparecieron empresas contratistas de personal, para sustituir a las y los electricistas, con el auspicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), imponiendo bajos salarios, nulas prestaciones y pésimas condiciones de trabajo a los recién contratados.
Ya nadie reclama en esos remedos de empresas; tienen contratos de protección y quién no esté de acuerdo, simplemente se va a la calle.
Y aunque no le guste al gobierno federal reconocerlo, la CFE se convirtió en el patrón sustituto de los ex trabajadores de LyFC, circunstancia que tarde o temprano tendrá que aceptar. Ahora ya no aduce razones jurídicas, y permite en cambio beneficios económicos para empresas privadas contrariando el artículo 27 constitucional.
En minera Cananea, también con la fuerza pública y grotescos golpes legales extinguieron la relación laboral de los cientos de mineros; acabaron por la vía de los hechos con una huelga que reclamaba condiciones dignas de trabajo, con la gratitud del Grupo México, consorcio empresarial consentido de este gobierno.
Los reajustes, recortes, reducciones, anulaciones y extinciones son el reflejo de los nuevos tiempos que enfrentan trabajadores en nuestro país.
Desde la Suprema Corte de Justicia, juzgados, juntas de conciliación y arbitraje y hasta las secretarías de trabajo federal y locales, son «instituciones» que se han amoldado a los tiempos de afectación de derechos adquiridos plasmados, incluso en la Constitución Política.
Ahora son un excelente instrumento de los gobiernos locales y federal en turno, para desaparecer obligaciones que tienen ante grupos y sectores de la sociedad.
Empresas pobres y empresarios ricos, gobiernos quebrados y servidores públicos aliados a grupos empresariales. Hablan por ellos y ven al pueblo como su enemigo.
¿A dónde quieren llevarnos?
La renovada campaña gubernamental por una nueva ley federal del trabajo únicamente legítima en la vía de los hechos la reducción de los derechos laborales.
Contratos por hora, en lugar de contratos de base; salarios a destajo en lugar de salarios por jornada de trabajo. Exigencia a trabajadores para que realicen producción sin límite para la «conservación del empleo» no importa que sea de miseria.
En una empresa maquiladora del norte del país que visité esta semana, de la que me reservo el nombre porque se está organizando sindicalmente, compuesta en su mayoría por mujeres, me decían resignadas, que llegan a producir hasta 10 mil piezas diarias cada una.
Quien no complete las piezas, nada más nos dicen, que ya se nos acabó el contrato. «Antes nos mandan con un sicólogo industrial para saber que nos pasa. Es un trabajo muy monótono y acabamos rendidas todos los días».
La pretendida reforma laboral es la legalización de las empresas «outsourcing» para proteger a las compañías beneficiarias y cancelar cualquier responsabilidad con sus trabajadores.
Imposición de hojas en blanco para legalizar renuncias, exigencia de «certificados de no embarazo» como condición para obtener contratos temporales de trabajo; solo por unos meses, mientras las mujeres están a prueba.
Salarios de miseria y prestaciones al límite. Jornadas extenuantes sin pago de tiempo extraordinario.
Sindicatos sin trabajadores, y contratos colectivos sin prestaciones, son los símbolos de los nuevos tiempos.
Sindicatos que existen en el papel, alquilados y manejados por las empresas y ajenos a los trabajadores. Contratos colectivos idénticos a la ley o hasta debajo de ella, con la burla y complicidad gubernamental.
Ante estas agresiones queda la organización, pero no la gremial y localista, sino una amplia, que sirva para echar a la calle a quienes ahora empobrecen al pueblo.
*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante del Consejo de CIMAC.
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