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Sufren mujeres e infantes recluidos violencia institucional: SS

Por Lourdes Godínez Leal

Mujeres y hombres que se encuentran en prisión y en hospitales psiquiátricos tienen más probabilidades de padecer violencia institucional a través de la exclusión, etiquetamiento social, discriminación y segregación pública, indica el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, de la Secretaría de Salud Federal.

El informe reconoce que existe una evidente violación de los derechos humanos en ambos lugares, mismos que han sido documentados a lo largo del tiempo por instancias de derechos humanos y otras.

MUJERES RECLUSAS

El informe nacional señala que el derecho a la igualdad de trato es nulo en todos los centros penitenciarios en donde existe población femenina.

Como se ha documentado en diversos informes de las comisiones de derechos humanos sobre la situación de mujeres en reclusión, son recurrentes la falta de instalaciones adecuadas para ellas y sus hijas e hijos, de servicios médicos especializados que cubran las necesidades propias de su género, así como que son castigadas con mayor severidad que un varón, por el mismo delito.

A ello, señala el informe, se agregan los problemas de salud mental.

“La visión de la mujer delincuente como diferente y peligrosa favorece la indiferencia moral, facilita el abuso de poder y las atrocidades que dificultan la readaptación social”.

La frecuencia del antecedente de abuso sexual en las mujeres reclusas hace que la vida diaria en la prisión las re-exponga nuevamente a esta experiencia, lo cual, enfatiza, explica en buena parte las relaciones de violencia, depresión, automutilación y suicidio en las cárceles, “dado el proceso de retraumatización que sufren durante su encierro”.

Sin duda, destaca el informe, la separación de las hijas e hijos constituye uno de los “mayores disparadores de la depresión”.

CIFRAS

Hacia finales del año 2002 se encontraban en reclusión 7 mil 484 mujeres: 35 por ciento estaba ahí por delitos contra la salud, 38 por ciento por robo, 15 por ciento por homicidio y el resto por otros delitos.

En ese periodo, en el país el total de mujeres recluidas en Centros de Readaptación Social era de 4.8 por ciento.

LOS MENORES DE EDAD Y LA VIOLENCIA

En cuanto a los menores de edad, el informe señala que debido a las múltiples violaciones de los derechos humanos de niños y adolescentes en los centros tutelares y la inseguridad jurídica en la que viven su situación, diversas autoridades, investigadores y organizaciones civiles han puesto especial atención a este grupo vulnerable.

A fines de 2002, había recluidos en México 44 mil 30 menores en conflicto con la ley, de los cuales 91.6 por ciento eran hombres y el resto eran mujeres. Entre los delitos por los que se encontraban recluidos iban desde el homicidio calificado, hasta el robo menor.

El informe, señala el autor del capítulo Violencia Institucional, Francisco Pamplona, aprecia un constante uso de drogas por una cantidad considerable de estos menores.

Diversos estudios realizados por las comisiones de derechos humanos han documentado las condiciones en las que se encuentran menores infractores en los centros tutelares y se han dado recomendaciones al respecto.

Entre las observaciones hechas por estos organismos, refiere el informe nacional, destacan por su frecuencia los relativos al cuidado de quienes están bajo tratamiento psiquiátrico no aconsejado, la carencia de paidopsiquiatras para atender los numerosos casos de infantes y adolescentes que se encuentran en esta circunstancia.

Se han documentado también numerosas quejas por las deficiencias en las instalaciones de los centros tutelares, la no separación por sexo y falta de medicamentos, entre otras.

Así como las medidas correctivas aplicadas a las y los menores que violan, en su mayoría, acuerdos internacionales de protección a las y los menores de edad.

DEMANDA EN SERVICIOS DE SALUD

“La demanda persistente de servicios de salud mental se ha atribuido a las condiciones sociales que prevalecen de desencanto y falta de motivación de las personas para enfrentar una realidad, que ofrece pocas oportunidades de empleo, de realización personal, de interés por asuntos duraderos y emocionalmente gratificantes.

Pese a que la demanda en estos servicios es numerosa, aún no se logra cubrir al grueso de usuarios potenciales.

El informe nacional señala que de las 21 causas de ingreso hospitalario, a 2002, los trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso central ocuparon el séptimo lugar, precedido por causas maternas, diabetes y otras relacionadas con urgencias.

Cifra, enfatiza, que duplica en su tasa poblacional a las bronquitis y otras infecciones respiratorias agudas bajas y es mayor en 60 por ciento que las enfermedades isquémicas del corazón.

Destaca el informe que si bien las reformas de las instituciones penitenciaria y psiquiátrica son costosas, es necesario, reconoce, incluir modificaciones de prácticas instituidas que fomentan la estigmatización y control arbitrario de las personas que se encuentran bajo resguardo y la tutela del Estado.

“La reforma interna deberá hacerse pública en la medida de los avances y obstáculos que enfrente”.

RECOMENDACIONES

Finalmente, en este capítulo, se enlistan una serie de recomendaciones, entre las que destacan: ampliar y fortalecer los programas públicos y las estrategias encaminadas a la reforma de las instituciones penitenciarias y psiquiátricas, dotarlas de recursos financieros y humanos suficientes para su operación y modernización, así como poner en marcha nuevos modelos de atención para ambas instituciones.

También, que a corto plazo se instrumenten las acciones para separar a las personas con una situación jurídica o médica diferente dentro de dichas instituciones, así como nuevos programas de profesionalización y capacitación de los encargados de atender a las personas internas en centros de reclusión y hospitales psiquiátricos, incluidos médicos, enfermeras, técnicos, terapeutas, custodios, personal de seguridad y voluntarios.

Asimismo, atender las necesidades de salud general y especializada dentro de los centros de reclusión y dotar a los servicios médicos de recursos suficientes, tanto humanos como materiales y económicos.

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