Nuevamente estamos ante la presencia de una contienda campal entre los gigantes de las telecomunicaciones Telmex y Televisa/TV Azteca, con intervención de organismos del Estado que supuestamente deberían regular ese mercado: la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Por su parte, el Instituto Federal Electoral (IFE) sigue recibiendo el acoso de Televisa/TV Azteca con el propósito de ir desdibujando el modelo de relación con los medios de comunicación derivado de la reforma electoral de 2007, cuyo resultado fue la pérdida para las televisoras de un negocio millonario por las campañas políticas de los partidos.
Otro frente de batalla se encuentra en el tema de los llamados "productos milagro", en cuya publicidad se gastan también excesivas cantidades de dinero, por lo que son realmente los medios de comunicación los más interesados en que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), otro órgano regulador del Estado, no intervenga en poner orden en ese mercado.
En este contexto, son muy pocos los servidores públicos que se atreven a enfrentar al avasallante poder de los monopolios de las telecomunicaciones, y son muchos más los que aceptan el canto de la sirena y se rinden a estos poderes fácticos que crecientemente dictan las políticas del cada vez más famélico Estado mexicano.
Muchos de ellos lo hacen por ideología, al ser firmes creyentes del mercado, de la inversión privada, de la desregulación y de ver al Estado sólo como promotor y protector de negocios; otros por cinismo puro, y no pocos por corrupción.
En alguna época las relaciones de subordinación entre medios y clase política eran favorables a ésta última, pues controlaban a los medios de comunicación mediante el otorgamiento o cancelación de concesiones y publicidad, o eran directamente los dueños y socios de los medios.
El poder alcanzado por las televisoras en la actualidad determina que no haya un solo político mexicano, ni siquiera el Presidente de la República, que se atreva a tocarlas con el pétalo de una rosa o incluso a tomar algunas decisiones de Estado sin consultarlas.
Frente a este déficit de Estado y subordinación de la clase política, las y los ciudadanos estamos cada vez más indefensos ante los dueños de las telecomunicaciones en el país.
Nuestros derechos a la participación política, a la información y a la libertad de expresión se encuentran sistemáticamente conculcados y violentados, ante un Estado omiso en el cumplimiento de sus obligaciones.
Pero no son sólo los derechos mencionados los que son violados, también se vulneran otros como:
a) El derecho a un nivel de vida adecuado en razón de las elevadas tarifas que tenemos que pagar por los servicios de telecomunicaciones, comparativamente con las que se pagan en otros países.
b) El derecho a "tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten" en razón, por una parte, de la imposición de modelos culturales, de producciones extranjeras y de estereotipos de artistas de acuerdo con los criterios de los dueños de los medios, y por otra, debido al deficiente y lento acceso que padecemos en materia de innovaciones tecnológicas en telecomunicaciones.
c) También se violan nuestros derechos a la salud y a la alimentación mediante la publicidad engañosa sobre las cualidades y beneficios de determinados productos o servicios, como es la mencionada promoción de productos "milagro".
d) Varios otros derechos también son conculcados sistemáticamente por los medios de comunicación, como el de no discriminación, el de igualdad de género, el derecho de réplica, incluso el derecho a la educación al privilegiarse contenidos de entretenimiento, muchos de ellos absolutamente deplorables, por sobre los educativos.
Los medios de comunicación, en especial la televisión, son clave en la organización de la vida social. En la actualidad es imposible hablar de ciudadanía sin tomar en cuenta a los medios, como sostiene Norma Pareja Sánchez.
Lamentablemente en México la relación entre medios y ciudadanía es una relación subordinada, donde las y los ciudadanos carecemos de mecanismos para interpelar a los primeros, o en su caso, de medios públicos verdaderamente autónomos, donde se ensanchen las posibilidades de participación ciudadana, de acceso y difusión de información y de comunicación en la diversidad.
*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social AC.
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