La presencia de militares en Guerrero ha significado una constante violación a los derechos fundamentales de los pobladores, en especial de las mujeres quienes han sido utilizadas como botín de guerra por los elementos de las fuerzas castrenses y cuyos casos siguen en la impunidad dentro de la justicia nacional.
En ese ambiente hostil fueron violadas por soldados las indígenas me`phaa (tlapanecas) Valentina Rosendo Cantú, e Inés Fernández Ortega, cuyo caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por lo que se espera una nueva sentencia contra México.
Así lo explicó en entrevista Alejandro Ramos Gallegos, uno de los representantes legales de estas dos mujeres ante la CoIDH e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La comunidad Me’phaa convive con otros tres pueblos indígenas, mixtecos, nahuas y amuzgos quienes subsisten del autoconsumo en un medio ambiente agreste y duro donde el binomio indígena-pobreza es el resultado de un proceso histórico complejo en el que fueron vulnerados, durante siglos, los derechos humanos fundamentales.
En este contexto y al final de los años 60 y principios de los 70, las guerrillas se anidaron en la Montaña de Guerrero como consecuencia del descontento social.
Desde entonces el Ejército mexicano no ha salido de la zona y su presencia desató una ola de violencia, desapariciones forzadas, tortura, encarcelamiento y violaciones sexuales a las mujeres, crímenes que han quedado en impunidad por años, en lo que se conoce como «Guerra sucia».
Por ello, los casos de Valentina e Inés, no son hechos aislados pues obedecen a este sentimiento de miedo, tensión y violencia que estos pueblos han vivido desde hace más de 40 años, explicó.
La causa de que dichas violaciones lleguen al sistema interamericano, es que la justicia nacional se ha caracterizado por mantener en la impunidad los abusos cometidos por miembros del ejército quienes cuentan con fuero militar y no son juzgados en tribunales civiles.
El abogado indicó que la impunidad es característica en todos los casos de mujeres que se atreven a denunciar y el miedo ha provocado que teman a represalias. Tlachinollan solo ha podido documentar 10 hasta septiembre pasado.
Desde que el caso llegó al sistema interamericano de justicia, Valentina, Inés sus familias y sus representantes legales han sido víctimas de hostigamiento, amenazas de muerte y se han enfrentado al estigma de sus comunidades y sus familias.
Por ello cuentan con medidas cautelares que les otorgó la Corte que no han sido cumplidas «a cabalidad» como lo indicó en entrevista, Vidulfo Rosales Sierra, otro de los representantes legales de las víctimas, también miembro de Tlachinollan.
Alejandro Ramos, señaló que las mujeres violadas por militares no solo se enfrentan a secuelas psicológicas sino también al estigma de la comunidad y sus familias.
Por todo ello, dijo, Valentina tuvo que mudarse de su comunidad y ahora vive en Chilpancingo en donde es trabajadora del hogar.
Sin embargo y a pesar de todas las violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de Guerrero aún se ve muy lejana la fecha en que el ejército salga de la entidad, concluyó.
10/AG/PR/LGL
