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Terminar con abusos a las y los trabajadores de honorarios

Por Manuel Fuentes Muñiz*
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El gobierno federal, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y los gobiernos de los estados se comportan como los peores patrones.
 
No hay autoridad laboral que vigile a las autoridades gubernamentales de sus abusos. Inspectores laborales, algunos contratados por honorarios, ni por equivocación se atreven a vigilar esas áreas de trabajo; es tierra de nadie, salvo la del patrón gobierno.
 
Los trabajadores no sindicalizados, temporales, de confianza y de honorarios tienen que ingeniárselas para sortear los abusos que enfrentan día a día en su trabajo ordinario.
 
Saben que su empleo no es seguro y por ello sufren arbitrariedades constantes de funcionarios gubernamentales que operan como patrón. No hay instancia legal que los proteja. Son decenas de miles de trabajadores que laboran en esas indignas condiciones.
 
El caso más grave lo tienen los trabajadores de honorarios. Ellos están contratados de manera fraudulenta bajo la apariencia de una contratación de civil para evitar que la dependencia gubernamental tenga obligaciones laborales de cualquier tipo.
 
Obligan a los trabajadores contratados a entregar un recibo de honorarios para evitar tengan derecho a un comprobante de salarios que haga constar sus prestaciones laborales. Se les niega hasta la entrega de una credencial para identificarse. La violación a sus Derechos Humanos empieza con el desconocimiento de su calidad de trabajadores.
 
No pueden ser considerados como trabajadores, ni de segunda, porque ni siquiera se les reconoce su calidad laboral. Son como personas sin derechos, como objetos a los que se les puede dar un trato denigrante, pero eso sí, por su condición inestable, se les obliga a realizar tareas más allá de los límites legales permitidos.
 
No se les inscribe ni en el IMSS ni en el ISSSTE y con ello no sólo carecen de derecho a la atención médica de ellos en lo personal sino también de sus familiares. Esta omisión les impide cotizar en las instituciones de seguridad social para poder jubilarse.
 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, acaba de declarar que los trabajadores que laboran al servicio del GDF deben tener “condiciones de jubilación dignas”, pero los trabajadores de honorarios a su servicio nunca podrán tener esas posibilidades.
 
Por más antigüedad que tengan las y los trabajadoras bajo el régimen de honorarios no tendrán derecho a alcanzar esa posibilidad porque simplemente no cotizan.
 
LAS MADRES SOLTERAS
 
Las madres solteras son quienes llevan la peor parte en la contratación de honorarios. Al carecer de seguridad social simplemente no pueden proteger a sus hijos y ni a ellas mismas.
 
Hay lugares como en Locatel, institución de apoyo a la ciudadanía para localización de personas y vehículos en el GDF, que a todo su personal operativo lo tienen contratado bajo el régimen de honorarios.
 
Cuando enferman las trabajadoras de esa dependencia se atreven a exigirles un comprobante de su incapacidad del ¡IMSS o el ISSSTE! cuando ni siquiera gozan de esas prestaciones. Es una burla y una falta de respeto el trato hacia ellas.
 
Su calidad de madres solteras las obliga a aceptar condiciones que rebasan las jornadas de trabajo ordinarias. Su jornada es de 10 horas con 45 minutos y una hora más para tomar sus alimentos y 15 minutos adicionales para ir al baño.
 
Las percepciones que reciben son de 6 mil 3 pesos mensuales sin pago de tiempo extraordinario, sin prestaciones sociales como aguinaldo, productividad, reconocimiento de antigüedad, vacaciones y prima de vacaciones.
 
Su permanencia e ingresos económicos están condicionados a la firma de un contrato de honorarios obligándolos a renunciar al pago de días laborados. Generalmente son contratos trimestrales y el periodo de labores viene reducido de manera arbitraria en días de pago.
 
Sin una explicación razonada, no se les cubren 25 días de salario al año a pesar de que los laboran. A las y los trabajadores de honorarios en todo el GDF no les pagaron cinco días en el mes de marzo pasado; seis días en el mes de junio de este año; en los meses de septiembre y diciembre ya se les avisó que no les cubrirán siete días en cada periodo.
 
¿A dónde va ese “ahorro” que hace el GDF en perjuicio de quienes laboran bajo el régimen de honorarios?
 
Es una cantidad que debe ser resarcida a las y los trabajadoras de honorarios. No hay una justificación de reducir sus percepciones a casi un mes de salarios en el año. Para quienes perciben un ingreso modesto como los trabajadores de honorarios esto es un verdadero robo.
 
CONDICIONES DE TRABAJO
 
En Locatel, por ejemplo, los espacios donde laboran las y los trabajadores de honorarios son reducidos y sin ventilación apropiada. Ello provoca que las y los operadores telefónicos ingieran líquidos de manera constante sin que les sea permitido acudir al baño cuando así lo requieran, salvo en el tiempo establecido a riesgo de ser castigados.
 
Hay una especie de gendarme cibernético en Locatel que controla la permanencia de los trabajadores a través de un sistema de control llamado Symposium, que vigila a los trabajadores que se ausenten de su área de trabajo para imponer una sanción. El problema no es la vigilancia, sino la ausencia de prestaciones para justificar la presión laboral.
 
El personal de supervisión llega al extremo de amonestar al personal hasta por estar mal sentado, a pesar de que la mayoría de las sillas no sirven o están ladeadas por falta de ruedas. Las trabajadoras deben permanecer en una posición recta durante toda su jornada de trabajo, lo que les genera fuertes dolores de espalda con afectaciones irreversibles.
 
La falta de presupuesto en esa dependencia genera que tengan medios de trabajo inadecuados. El personal tiene que usar las llamadas “diademas” para responder a las llamadas telefónicas ciudadanas y éstas en su mayoría se encuentran rotas.
 
El personal de cómputo tiene que adherirlas con pegamento común lo que obliga en muchas ocasiones a que los trabajadores tengan que sujetar ese equipo manualmente durante sus tiempos de labor.
 
El equipo de cómputo en su mayoría tiene más de 20 años de antigüedad; son equipos que dan pena y que impiden dar un servicio con rapidez y eficacia. Basta asomarse a las instalaciones de trabajo para cerciorarse de las miserables condiciones a las que están sujetas las personas que laboran en ese lugar.
 
SE REQUIEREN RESPUESTAS INMEDIATAS
 
Ante las omisiones de la autoridad laboral, las comisiones de Derechos Humanos en todo el país deben investigar estas irregularidades que se dan contra las y los trabajadores de honorarios para emitir una recomendación que las corrija lo más pronto posible. Hasta el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, reprueba esta figura que propicia la informalidad laboral.
 
Me parece entendible que la falta de presupuesto pueda propiciar estas omisiones, pero no es justificable que los gobiernos sean promotores de estos abusos y no se hayan tomado medidas para corregirlas.
 
En mi opinión deben constituirse coaliciones de trabajadores de honorarios que tengan reconocimiento legal, y busquen conjuntamente con instancias gubernamentales y de Derechos Humanos las mejores alternativas para resolver de manera definitiva este grave problema acumulado por años.
 
El reconocimiento de las y los trabajadores de honorarios con derechos laborales plenos es un paso fundamental para respetar sus Derechos Humanos en toda su dimensión.
 
Es imperioso terminar con este problema que aqueja a las y los trabajadores de honorarios, y que no sea únicamente motivo de discursos y promesas de los funcionarios que con demagogia se burlan de sus derechos laborales. ¡Ya basta!
 
mfuentesmz@yahoo.com.mx 
Twitter: @Manuel_FuentesM
 
*Doctor en Derecho, profesor de la UAM-A, miembro de la ANAD, Consejero en CIMAC, Casa de los Derechos de Periodistas y la CDHDF.
 
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